Mensajes cifrados

Esta vez no hace falta apelar a la sociología, a la semiótica ni a ninguna otra disciplina para explicar la evidente desconfianza popular: el discurso presidencial ha perdido credibilidad, simplemente, porque es increíble.

También lo saben los posibles candidatos oficialistas (Scioli, Randazzo, Domínguez) quienes, a pesar de no desconocer abiertamente la épica "anti buitres", evitaron hasta pasar por la puerta del patético acto que organizó Gustavo López en el Luna Park, donde los Mariotto, D Elía, Larroque y otros piantavotos por el estilo oficiaron de animadores.

A esta altura, es lícito pensar que la nueva fábula nac & pop también es difícil de sostener para la propia Presidente, que el jueves habló de una supuesta conspiración de los aborrecidos fondos para “alterar el orden económico y financiero” y “atemorizar a la población”, en relación al cierre de la planta impresora de Donnelley en Garín, que dejó a más de 400 empleados en la calle.

El vínculo entre los dos temas sería –según una "profunda" investigación de la AFIP mencionada en el discurso– la compra de esta imprenta trasnacional por parte del fondo de inversiones BlackRock a Paul Singer, fundador y portavoz del fondo NML Elliot, buitre entre los buitres y principal demandante de la Argentina. La Presidente aprovechó la ocasión para sobreactuar su estupor ante la cruel voracidad del capital financiero –“un entramado casi mafioso internacional”, dijo– y, de paso, fustigar a los medios argentinos por no investigar estas cosas.

(E investigar otras, como la Ruta del Dinero K, diría el Otro Yo de la Doctora Fernández, que tal vez hubiera ideado, si viviera, el inolvidable Divito).

Es que lo que parecía ser una fábula derivó en un chiste ¿De qué se asombra e indigna la Presidente, si esto no es otra cosa que la forma de funcionamiento de un negocio del que participa tanto el Gobierno como la propia familia Kirchner, según testimonian las comunicaciones oficiales y las declaraciones de bienes? De hecho, BlackRock es también socio del Estado argentino desde que compró dos millones de acciones de YPF, por un total de 740 millones de pesos. ¿No lo sabía, acaso? ¿O por qué piensa que este gigante financiero intercedió por nuestro país en el juzgado de Griesa?

Claro que lo sabe, pero es muy probable que esté mostrando las uñas en otra dirección. Es un secreto a voces que lo que más le preocupa de los operadores de capitales, en estos días, no es ni siquiera la semántica del default, sino el pedido que hizo Singer (el mismo que vendió Donnelley), ante el juez Cam Ferenbach del Estado norteamericano de Nevada, para que se avance judicialmente sobre los activos del empresario Lázaro Báez, protegido y posible socio del clan familiar gobernante.

De acuerdo a esta presentación, Báez malversó fondos de la Argentina a través de 123 sociedades radicadas en esa jurisdicción, lo que habilitaría al Gran Buitre para reclamar el embargo legal y cobrarse con él parte de la sentencia en favor de los holdouts. Se trata sólo de una astuta presión para apurar los pagos, sin duda, sabiendo que de profundizarse la investigación, inevitablemente pasaría por Seychelles y luego por Calafate. Y que nada incentiva tanto la histeria presidencial como la posibilidad de que se confirmen, internacionalmente, las denuncias periodísticas locales.

Por eso, el anuncio de aplicar la Ley Antiterrorista en el caso Donnelley parece más un mensaje cifrado de que está dispuesta a "jugar duro", antes que un acto justiciero por la actitud realmente deplorable de esta multinacional con sus trabajadores. No es desatinada, en tal sentido, la advertencia que hizo el diputado y candidato presidencial, Sergio Massa, cuando pidió en Radio Mitre "prestar atención a lo que pasó en Santiago del Estero, que fue el primer paso de aplicación de la ley".

Se refería al arresto de Juan Pablo Suárez, editor de un portal de Internet, sólo por publicar información sobre la dura represión que sufrió un agente de la policía provincial que reclamaba una mejora salarial. A primera vista parecería una referencia insólita, en cuanto se le estaba preguntando sobre la aplicación de la norma por una quiebra presuntamente fraudulenta, pero la desconfianza sobre los dichos oficiales es parte ya de las certezas de la política.

Desde ese lugar, la chicana a los medios, sobre lo que investigan y lo que no, pierde toda candidez para convertirse en una directa amenaza. Tal vez no. Quizás estemos exagerando. Pero, por las dudas, sería importante que gremios, entidades, dirigentes y legisladores se pusieran a trabajar rápidamente en la derogación de la Ley Antiterrorista, que puede tornarse nefasta en manos de la furia oficial. Especialmente en tiempos donde el descreimiento popular puede eximir, a la Presidente y a su séquito, de cuidar las mínimas apariencias.