Cuando lo nuevo atrasa

Presentada como una progresiva vuelta de tuerca para fortalecer YPF y consolidar la posición de la provincias en la explotación del subsuelo, el proyecto oficial destinado a actualizar la Ley de Hidrocarburos no es otra cosa que un mecanismo legal para concentrar el poder de decisión en el mercado de inversiones del rubro energético.

No es casual que ocurra en el marco del nuevo boom por la explotación de petróleo y gas no convencionales; esa suerte de sortilegio mágico que ha reposicionado a la industria norteamericana. La misma que, hasta no hace mucho, parecía fatalmente malherida.

Esto se explica porque el gobierno de Barack Obama decidió interrumpir todas las exportaciones del llamado shale gas, lo cual ha producido un descenso abrupto de su precio interno, permitiendo así que la industria norteamericana recupere una posición muy competitiva respecto de la europea.

Tal restricción comercial –como se ve, la aplicación del "principio de abastecimiento" no es una doctrina exclusivamente chavista– ha generado, también, tres efectos simultáneos: el primero es la tendencia a la concentración por parte de los grandes productores; el segundo, la caída tendencial de los precios internacionales y, el tercero, la búsqueda frenética de fuentes periféricas.

Entre estas últimas se encuentra, sin dudas, la Argentina con su apetecida zona de Vaca Muerta que –según no pocos medios periodísticos– habría sido el punto central de las conversaciones entre la Presidente y el magnate húngaro, George Soros, temido operador de las finanzas mundiales y cuarto accionista privado de YPF.

Por ello, el proyecto busca adaptar la legislación vigente a la explotación de este nuevo tipo de recurso, tratando de incorporar cambios muy significativos. Tres especialmente:

a. la creación de un nuevo sistema único de licitación y adjudicación de las áreas de explotación;

b. la implementación de nuevos plazos para las concesiones (se elevarían a 30 y 35 años, en el caso de exploración y producción off-shore y no-convencional, respectivamente) y

c. se bajaría el monto mínimo de las inversiones a 250 millones de dólares, con un plazo máximo de 3 años.

Además, se mantendría el otorgamiento de libre disponibilidad sobre los hidrocarburos extraídos, así como las garantías de estabilidad fiscal a las petroleras y la potestad de manejar las reservas.

Con este instrumento legal, el Gobierno e YPF –asociados con Chevron, Petronas y otros– pretenden concentrar la nueva tendencia del mercado de combustibles, ante la protesta de otras corporaciones –encabezadas por la Shell– que aspiraban a una participación mayor del recurso.

Conseguir la centralización del recurso y las decisiones, no estaría del todo mal. Siempre que la consecuencia de esta puja no sea la reconversión económica de la Argentina en una mera exportadora de petróleo y gas a gran escala –la "nueva Arabia Saudita", sugirió Cristina–, lo cual significaría introducir un refuerzo estructural a la ya expandida primarización productiva.

Es una posibilidad muy poco deseable. Y no tan sólo desde lo económico, ya que los rasgos culturales y políticos de los países que ostentan esta condición, desde Venezuela al Oriente Medio, no son precisamente auspiciosos en lo que a estrategia de modernización se refiere.