Un plan para organizar nuestro pasado

Este último viernes tuvo lugar en la pequeña localidad de San Carlos, cabecera del departamento mendocino del mismo nombre, la puesta en marcha de un plan destinado a recuperar la soberanía argentina sobre su propia historiografía.

El inédito compromiso fue asumido por el intendente local, Jorge Andrés Difonso, y el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, por medio de un convenio para "promover la guarda, preservación, conservación, codificación, protección y empleo de objetos y documentos que aporten al estudio y comprensión de nuestra historia en la etapa comprendida entre los años 1776 y 1813", según expresa textualmente el convenio rubricado.

Como se sabe, durante este período, la región de Cuyo –conformada por los actuales territorios de Mendoza, San Juan y San Luis– y las poblaciones que la integraban, fueron administradas por la Gobernación Intendencia de Córdoba del Tucumán, desde la fundación del Virreinato del Río de la Plata, hasta su definitiva separación y autonomía jurídica por decisión del Segundo Triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Para llevar a cabo esta ardua recopilación, se acordó promover la integración y colaboración de gobiernos y municipalidades de provincias y ciudades que formaron parte de aquella entidad jurídico política, para así alcanzar dos objetivos centrales:

• Garantizar la protección legal de objetos, documentación y otros elementos que contengan valor histórico en referencia a dicho período, de acuerdo a recomendaciones emanadas de organismos internacionales como la Convención de la UNESCO.

• Y por el otro elaborar un proyecto legislativo para establecer, en el orden nacional, una Ley de Patrimonio Historiográfico o Ley Nacional de Archivos; ya que, actualmente, no existe una norma integrada, unificadora o general, que cubra todos los aspectos del problema de la preservación documental.

Sobre este último punto, resulta increíble que la Argentina carezca de orientadores legales para garantizar la centralización y control de sus fuentes documentales y bibliográficas para el conocimiento y estudio de su propia historia. Más increíble aún es el hecho que la Constitución Nacional, aprobada en 1994, apenas menciona –en forma excesivamente general– la "preservación del patrimonio cultural", en el artículo 41, incluyéndola como parte del… ¡derecho al medio ambiente sano! Obviamente, ni se menciona allí la cuestión documental.

Es decir que, en la actualidad, no existe una ley nacional que establezca criterios generales al respecto. Razón por la cual esta iniciativa, anunciada en San Carlos, se ha visto ante la indefectible necesidad de elaborar un proyecto de ley para ser presentado en el Congreso Nacional. Tarea que obliga, también, a convocar a los diversos organismos y casas de estudios existentes.

Sobre todo, porque una eficaz legislación sobre patrimonio documental –con eficiente aplicación práctica– sólo puede obtenerse mediante la integración de Archivos Históricos y museos, a fin de unificar criterios y modalidades, en base a la interacción de los estados provinciales a través de redes de instituciones responsables.

Para ello, también, será necesario implementar acuerdos que reglamenten formas de clasificación y conservación de documentos en forma compartida, a fin de generar fuentes integradas de información referencial. De esta forma, se podrá consultar, con plena certeza, datos sobre la existencia de documentos, su localización, disponibilidad, digitalización, etc.

La soberanía historiográfica es una tarea pendiente de los argentinos. De algunos períodos, especialmente los más controversiales políticamente hablando, es realmente escaso el material de utilidad para los investigadores, al tiempo que abunda la producción de relato y la toma de posición de historiadores, periodistas y escritores en general.

Ojalá, lo ocurrido este viernes sea un punto de partida y no una mera pantalla para pequeños y efímeros acuerdos electorales.