Epicus interruptus

"La Presidente no es socia de Lázaro Báez, que quede claro". Lo dijo con inusual dureza el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el lunes pasado durante una conferencia de prensa, en la que se refirió a las denuncias contra el rústico santacruceño por un posible caso de facturas apócrifas para evadir impuestos. Sin embargo, el funcionario admitió un día más tarde, en una entrevista por Radio 10, que Lázaro y Cristina "comparten vinculación en varios negocios".

Digamos que no es lo más sólido y coherente que se le ha escuchado a Echegaray en los últimos años, pero hay que comprender que no la tiene muy fácil. Por un lado, el funcionario sabe que, de acuerdo a la última declaración jurada de la Presidente ante la Oficina Anticorrupción, se reconoce la participación, en sus múltiples propiedades inmobiliarias, de empresas como Austral Construcciones, Epelco o Valle Mitre SA, todas de Báez. Por el otro lado, el mismo Echegaray ha sido abogado de Gotti SA, la empresa constructora de Báez más sospechada, precisamente, de fraude fiscal.

Esta doble complicidad no le debería permitir conciliar fácilmente el sueño al jefe de la AFIP. En especial desde que el fondo "buitre" NML de Paul Singer presentó una demanda en el juzgado del juez estadounidense Cam Ferenbach para que se investigue la radicación de 123 empresas fantasma –lavarropas de dinero, digamos– inscriptas para Báez en el Estado de Nevada. Los carroñeros pretenden demostrar este vínculo entre el ex bancario con la familia Kirchner y el elenco gubernamental.

Es que para tales grupos de capital financiero, la cuestión Báez es de crucial importancia, no tanto por lo que significa en términos de dinero contante, sino por el efecto intimidatorio que pueda tener, en la Presidente argentina, toda posibilidad de quedar expuesta en una investigación que demostraría, claramente, que su considerable fortuna personal no deviene de su desempeño como "abogada exitosa".

Dicho sea de paso, la táctica buitre debe estar dando algún resultado, pues en los últimos días apareció sobrevolando la agónica travesía del Gobierno argentino por el desierto del Derecho internacional, el fondo EM del multimillonario Ken Dart, quien se sumaría a las acciones judiciales de Singer para reclamar otros 835 millones de dólares en bonos argentinos "defaulteados", de acuerdo a lo informado este viernes por la agencia Bloomberg.

Según diversos medios, lo delicado de la situación habría llevado a que Cristina ordene a su Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negociar reservadamente y a todo vapor con Jay Newman, del fondo Elliott, para proponerle por su intermedio un pago total a todos los holdouts. También, de acuerdo a estas fuentes periodísticas, el trato estaría cerrado prácticamente antes de empezar.

Lo que no sería nada raro, por cierto, de acuerdo a los mensajes que los principales acreedores le vienen enviando a las autoridades argentinas. El propio Elliot, en una entrevista que mantuvo con la revista Noticias el pasado junio –casi en el mismo momento en que iniciaban el "apriete Báez"–, dijo que si tuvieran la oportunidad de sentarse con el Gobierno argentino, "esta disputa la solucionamos en una tarde y no estoy siendo metafórico".

No menos sugestivas son las declaraciones de los protagonistas locales. El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, dijo hace unos días que, si el año próximo "se flexibiliza el pedido de los buitres", el Gobierno puede encarar una nueva negociación "junto al resto de los holdouts" para encontrar "una solución integral" al tema de la deuda, lo que fue refrendado horas después por el propio Capitanich.

"La negociación debe incluir al cien por ciento de los bonistas", dijo el chaqueño, que rara vez habla sin circunloquios y evasivas. Cualquiera diría, escuchándolo, que los vientos de la épica empiezan a ser remplazados por los suspiros de alivio.