Mensajes y mensajeros

Desde los meses previos al retorno de la vigencia constitucional y el desembarco de los partidos políticos, en 1983, se desarrolló una forma de periodismo llamado "de investigación" que adoptó, como tema recurrente, el enriquecimiento irregular de los funcionarios.

Arrancando del descubrimiento de los turbios negocios inmobiliarios –abonados con secuestros y homicidios– del almirante Emilio Massera, hasta el develamiento de los robos para la corona, bien podría conformarse una biblioteca íntegra con revistas, diarios y libros (sin contar los medios audiovisuales e internet) orientados a denunciar y documentar los episodios de corrupción protagonizados por los actores del poder en la Argentina.

Dicho sea de paso, conozco muy pocas investigaciones de este tipo que hayan sido desmentidas, incluyendo aquellas que sus afectados directos llevaron a tribunales

En mi caso, esta corriente fue una influencia decisiva y, según creo, también para la gran mayoría de mis compañeros de generación. Incluso en algún tiempo –entre los años 80 y 90, diría– llegamos a pensar que la tarea de reunir pruebas contra los poderosos suponía mucho más que una práctica profesional y nos ponía en un lugar redentor, casi como sucedáneos de Scalabrini Ortiz, Jorge del Río o Alejandro Olmos.

Dábamos por sentado, además, que los informes publicados en Página 12 o El Periodista –entre otras publicaciones "jugadas"– iban a despertar la conciencia de las masas ululantes que saldrían, presurosas, a reclamar justicia.

Hoy, visto el proceso en retrospectiva y sin dejar de celebrar un instante a los notables periodistas que continúan con esta práctica, creo entender que fue vana e ilusoria la tarea de transformación política que nos (auto) asignábamos.

Por un lado, sinceramente, me complace que haya sido así, pues de lo contrario la democracia política quedaría en manos de una aristocracia intelectual y no de las organizaciones populares. El periodismo, a lo sumo, puede ofrecer datos y análisis que podrían colaborar, si una proporción de la sociedad los acredita como necesarios, en las acciones políticas.

Pero, por el otro, entiendo que mi balance trae el mensaje de un fracaso, pues esta política periodística del periodismo político no pudo superar, siquiera, los propios prejuicios ideológicos que (compruebo ahora) animaban a muchos de los investigadores que aparecían como los más emblemáticos e idóneos.

Es que, especialmente en los últimos diez años, fue verificándose entre aquellos periodistas –y en gran parte de su clientela– que las revelaciones informativas sólo sirven si están orientadas hacia funcionarios y dirigentes "de derecha". Y lo que es aún peor: hacia funcionarios y dirigentes "de derecha" que, además, no se encuentren dentro del esquema de poder "de izquierda" (o lo que ellos consideran como tal).

Debí sospecharlo, pues ya a principios de los 80 cualquier intento de denunciar las persecuciones ideológicas en el Este europeo o las atroces políticas homofóbicas de la gerontocracia cubana eran, en este mismo sector, siempre sospechosas de hacerle el juego a los Estados Unidos. O a la derecha que, en el catecismo más elemental del medio pelo "progresista", es lo mismo.

De igual modo, para cualquiera de los otrora implacables denunciadores del período "neoliberal" menemista, el más mínimo intento de exhibir las (ciertamente inocultables) miserias de Lázaro Báez, Amado Boudou o Ricardo Echegaray –ni que hablar cuando se apunta a la propia Presidente–, constituye la más clara demostración de una práctica periodística venal y groseramente reaccionaria. Aunque, objetivamente, abunden las pruebas.

Por esto es auspicioso que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) haya creado un Premio al Periodismo de Investigación, en un tiempo de "complacencias revolucionarias". Y también lo es que uno de los ganadores haya sido Jorge Lanata (y el equipo que lo acompaña), porque no se trata de una decisión que alguien vaya a calificar, precisamente, de "progresista".

Lo auspicioso, entonces, no es tanto por quién sea él, personal o profesionalmente hablando –en los últimos días su colega Gabriela Cerruti ha volcado, en este aspecto, no pocas acusaciones–, sino porque es una señal de que todavía importa más la veracidad de la denuncia que las posiciones del denunciante y el denunciado.

Lo cual, para una fructífera libertad de información, es una brújula mucho más confiable que las siempre tramposas afinidades que instala el interés o la ideología.