La ventana indiscreta

Cuando el pasado 30 de octubre la mayoría monolítica de la Cámara de Diputados de la Nación logró aprobar –130 votos a favor, 116 en contra y una abstención– la nueva Ley de Hidrocarburos, quedó flotando en el aire lo que para muchos constituye la auténtica cuestión de fondo: ¿quiénes serán los beneficiados cuando esta legislación tenga plena vigencia?

Para el oficialismo –tal como lo sostuvieron sus disciplinados legisladores en el recinto– la Ley está pensada para el beneficio de varias generaciones, ya que su efecto a mediano plazo será, según argumentan, recuperar el autoabastecimiento gasífero y petrolero. Un objetivo estratégico, sin duda, pero poco coherente con una legislación que –como bien señala Félix Herrero– no contempla la obligatoriedad de las inversiones.

Y esto es particularmente sospechoso, si se recuerda que la expropiación de la mayoría accionaria de YPF a Repsol se fundamentó en base a las recriminaciones del Gobierno nacional sobre la falta de inversión, por parte de la corporación trasnacional de origen español que la controlaba ¿Cómo puede ser, entonces, que ahora los nuevos y poderosos explotadores del subsuelo argentino gocen, por ley, de lo que antes era considerado un acto de deslealtad?

En verdad, todo apunta a suponer que el verdadero destinatario es el sector empresario de mayor formato. No es una presunción, ni una sentimental consigna "antimperialista"; se trata de una evidencia que, por si hiciera falta, confirma el propio Juan José Aranguren, presidente de Shell Argentina, en una entrevista que le hace la revista Petroquímica el pasado 5 de noviembre (http://revistapetroquimica.com/la-exploracion-esta-demostrando-que-la-calidad-de-vaca-muerta-es-igual-o-mejor-que-la-del-shale-de-estados-unidos).

En ella, Aranguren recuerda que “el Gerente de Relaciones Institucionales de YPF sostuvo en una publicación de un diario nacional que esta ley le da rango de ley (SIC) a los decretos promocionales 929 y 927/2013”. También coincide –como era de esperar– con la posición oficial de YPF, afirmando que “de esa manera se les otorga seguridad legal a estos esquemas de promoción”.

Dicho de otra manera, la ley en cuestión se habría sancionado para ofrecerle garantías a las empresas que obtuvieron acuerdos con YPF y, entre ellos, el instrumento de las enormes ventajas, casi únicas en el mundo, otorgadas por el Gobierno argentino: los decretos 929 y 927, dictados en el mes de julio del año pasado. Tales garantías consisten, claro está, en que estos privilegios se mantengan en el tiempo, aún cuando el elenco kirchnerista abandone la Casa Rosada.

"Sin embargo –agrega Aranguren–, el proyecto de ley instruye al Poder Ejecutivo a cambiar ciertos parámetros de esos decretos, haciéndolos más beneficiosos para el sector, por medio de una baja del nivel mínimo de inversión a u$s 250 millones y de una reducción de 5 a 3 años del plazo para obtener esos incentivos, a fin de llegar al 20 o el 60 por ciento de lo exportado sin retenciones y con la posibilidad de enviar ese dinero fuera del país".

O sea que la ley estaría aumentando los beneficios comerciales, negociados en los acuerdos y otorgados en los decretos presidenciales. Es que "se necesita un marco de previsibilidad –agrega el presidente de Shell– (…) se precisa tener certeza de que cuando uno va a ingresar dólares, después podrá sacarlos cuando tenga el rédito correspondiente". Además, esta ley "fija que las concesiones actuales pueden obtener una prórroga ilimitada".

Traducimos: libre disponibilidad de divisas y concesiones eternas. Sobre este último punto, vale aclarar que hasta ahora la concesión de un área de explotación era a 25 años –a los que se le podían agregar otros 10 y pasados los 35 años totales terminaba– y ahora pasaría a ser primero 25 años y luego 10, pero se puede prorrogar 10 años más varias veces.

A estos privilegios, otorgados por ley, habría que agregar la promoción fiscal para los proyectos –están previstos más de 250 millones de dólares–; se limitan al 12 por ciento –o al 18 en caso de prórroga– las regalías de las provincias productoras, a las que se les prohíbe asociarse sin hacer la inversión correspondiente.

También se elimina toda posibilidad de que participen empresas estatales o donde participe el capital público, del país que sean (medida impuesta por los "amigos" de YPF, como Chevron o la propia Shell, para excluir a las empresas rusas y chinas del negocio); lo cual va impedir cualquier asociación regional, ya que Petrobras o PDVSA son de propiedad pública, y hasta quedará excluida la propia YPF.

Shell, como se sabe, forma parte del tándem empresario sobre el que esta legislación derrama sus beneficios, ya que se le adjudicaron dos concesiones, en sociedad con Total, dentro del plan de explotación de Vaca Muerta. La de Aranguren, entonces, no es una opinión entre tantas, ni las precisiones que aporta sobre los beneficios de la nueva Ley han sido valoradas desde una posición imparcial. Ni tampoco desde la parcialidad legítima que supone la defensa de los intereses estratégicos del pueblo argentino.