Alarmas justificadas

En cada oportunidad que se les presenta, empresarios, funcionarios, dirigentes sindicales y legisladores ligados a la promoción de las industrias extractivas, dejan sentado que toda objeción planteada sobre argumentos ambientales es, necesariamente, "fundamentalista"; pues si el desarrollo se ajustara siempre a la ecología, sostienen, no habría tecnologías ni generación de alto valor agregado en ninguna economía del mundo.

No vamos a negar que existan posiciones irreductibles en ciertas agrupaciones ambientalistas. Pero también es cierto que son los mismos grupos empresarios los que más colaboran en encender tales alarmas. O la propia gestión del Estado –el nacional y muchos provinciales– que, en lo que respecta a la implementación de los controles que obligan las leyes vigentes, dejan muchísimo que desear.

Porque si bien existen muchos tremendistas, no es menos cierto que los datos sobre impacto ambiental suelen ser, decididamente, tremendos.

Hace algunos días, por ejemplo, el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro –organismo que tiene a su cargo todos los aspectos regidos por el Código de Aguas en esa provincia– respondiendo al pedido de informes del legislador Jorge Ocampos, puso en evidencia los graves incumplimientos de la industria hidrocarburífera que opera en la zona.

El organismo señala, entre otras cosas, que se ha ocultado información sobre derrames tóxicos vertidos en la cuenca del Río Colorado, generados en áreas de explotación petrolera. También denuncia que se modificaron los resultados en varios monitoreos realizados en acuíferos freáticos y confinados.

Lo más llamativo del documento es que YPF aparece concentrando la mayor irregularidad respecto al cumplimiento de las leyes, especialmente en lo que concierne al suministro anual obligatorio de datos. Es decir que la empresa cuya masa accionaria mayoritaria está en manos del propio Estado argentino, custodio del patrimonio ambiental por antonomasia, no presenta declaraciones juradas, ni paga el canon de uso del cuerpo receptor hídrico, entre otras obligaciones establecidas en el Código de Aguas.

No se trata de un descuido, simplemente. El análisis bioquímico presentado en la Legislatura rionegrina demuestra que la alta contaminación del Río Colorado ha tornado en “no potable” el agua de su cauce. Para poder considerar la gravedad del caso, pensemos que la superficie de la cuenca del río Colorado vinculada a la actividad petrolera es del orden de 25.800 km2 . Es decir, algo más que la superficie completa de la provincia de Tucumán.

Asimismo, un estudio realizado hace menos de dos años expuso que las empresas petroleras vertieron en esa cuenca 5.652.000 litros de agua de producción y 429.000 litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de combustibles totalmente cargados, sólo en el transcurso del año 2011.

Por su parte, la senadora Magdalena Odarda informó que la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su Recomendación N° 19/2014, logró obtener los datos exactos sobre los diferentes incidentes vinculados con derrames de petróleo en esta cuenca. “Por ejemplo, para el año 2013 –remarcó Odarda–, se denunciaron incidentes relacionados con derrames de hidrocarburos en los siguientes yacimientos: en Desfiladero Bayo, 45 incidentes; en Puesto Hernández, 14 incidentes y en Chihuido de la Sierra Negra, 765 incidentes.

Otro aporte hizo el Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, confirmando que se produjeron, en total, 5.335 m3 derrames de fluido, de los cuales 426 m3 son hidrocarburos totales de petróleo y 4.909 m3 corresponden al agua de producción e inyección.

Para colmo de males, la cuenca está atravesando una crisis hídrica como resultado de la secuencia de 6 años de nevadas reducidas, la cual implica una mayor necesidad de seguimiento diario del recurso hídrico y el estricto control de todas las variables intervinientes. Sin embargo, esta posibilidad está muy lejos de ser alcanzada, especialmente luego de que la nueva Ley de Hidrocarburos inaugurara muchas mayores posibilidades aún de agredir impunemente el entorno natural y los recursos acuíferos.

Como se ve, con tales funcionarios, legisladores y empresarios, será muy difícil que los "fundamentalistas" se queden sin fundamentos.