Por una democracia sin machismo

 

De esta manera -cuando la mayor parte de las encuestas coinciden en que el oficialismo sólo podría ingresar dos diputados, en el mejor de los casos-, la maniobra garantiza que los hombres fuertes de los departamentos de Guaymallén y San Rafael, el intendente Alejandro Abraham y el senador nacional Omar Félix, respectivamente, se queden con las mejores chances, convirtiendo en figura decorativa a Tatiana Mussato quien, con cierto patetismo, sonríe y aprueba. 

 

Pero no se trata de un caso aislado. Aún cuando la mayor parte de las veces se respeta el tercio en la forma correspondiente, es frecuente encontrar en las listas de candidatos a ocupar bancas en el Congreso a esposas, novias y allegadas de los jefes políticos partidarios o territoriales (y no sólo del Frente para la Victoria, por cierto). Veamos, si no, lo que pasa en el primer distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires. Aquí va una lista de las principales "candidatas conyugales": 

 

Agustina Ayllón, casada con Francisco de Narváez. 

Mónica Macha, esposa del titular de la AFSCA, Martín Sabbatella. 

Magdalena Goris, casada con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.  

Magdalena Sierra, esposa del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. 

Mónica Arnaldi, casada con el intendente de Merlo, Raúl Othaché. 

Marta Burgos, la mujer del intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto.  

Karina Nazabal, esposa del jefe comunal de Lanús, Darío Díaz Pérez. 

Evangelina Ramírez, casada con el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez. 

Nancy Capelloni, casada con el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. 

Azucena Ecohozor, esposa del intendente de Hurlingham, Luis Acuña. 

Alicia Sánchez, esposa de Luis D’Elia. 

Delfina Frers, novia de Alberto Rodríguez Saá. 

 

Se trata de un retroceso, en todo sentido, del camino institucional emprendido por la sociedad argentina desde 1983. La ley de cupo femenino, que estableció un piso mínimo del 30 por ciento de participación femenina en las listas electorales, fue una norma profundamente innovadora que convirtió a la Argentina en el primer país del mundo en garantizar la participación de las mujeres en el Congreso; a la vez que instaló un modelo que ha ido adoptando, en las dos últimas décadas, la mayoría de los países de la región. 

 

Esta histórica reforma de la composición legislativa en todos los niveles fue impulsada por la senadora radical de Mendoza, Margarita Malharro de Torres, quien presentó el proyecto el 6 de noviembre de 1989, se aprobó el 6 de noviembre de 1991 y se reglamentó dos años más tarde (En el 2000, un decreto presidencial de Fernando De la Rúa extendió la ley hacia la Cámara de Senadores).  

 

En aquel 1989, las mujeres representaban sólo el 5,4 por ciento de la Cámara de Diputados y el 8 por ciento del Senado; actualmente, la presencia femenina en el Parlamento nacional es del 38,5 por ciento, lo cual convierte al Congreso en uno de los que tiene mayor presencia femenina en el Cono Sur. 

 

La ley de cupo permitió, además, el progreso cualitativo de la discusión parlamentaria, pues los estudios realizados demuestran que, en los últimos 20 años, se aprobaron y debatieron temas que ni siquiera habían sido insinuados en el recinto. Entre las leyes impulsadas por mujeres en el Congreso Nacional, por ejemplo, figuran la ley de salud sexual y reproducción responsable; la ley que sanciona la trata de personas o la ley orientada a erradicar la violencia contra las mujeres.  

 

La mala noticia es que, también desde entonces hasta hoy, la Argentina no hizo más nada por profundizar la cuestión de género en la composición de los ámbitos parlamentarios. Por el contrario, se diría que el reloj viene atrasando hace rato, ya que, actualmente, la idea de porcentaje mínimo está dejando lugar a la de paridad de género, planteada en las últimas Conferencias Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe como una nueva meta regional.  

 

Hablar hoy de respetar la cuota femenina, suena extemporáneo, ya que en la mayor parte de los encuentros regionales se da por sentado que el cupo es una medida correctora y  temporaria. El nuevo objetivo está orientado hacia la paridad de género, que es un principio permanente para consagrar la igualdad en el ejercicio del poder y reconocer a las mujeres como ciudadanas plenas. Baste recordar que en la Plataforma de Acción de Beijing, los países participantes se comprometieron en adaptar las leyes locales para posibilitar la representación equitativa de géneros, en un 50 y 50, para el 2005.  

 

En Argentina este debate ni siquiera se ha instalado formalmente. Y si a esto sumamos que es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un plan nacional de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, podemos advertir que hay asignaturas pendientes de relevancia.  

 

Pero en lugar de asumirlas y proponer instancias superadoras, gran parte de la partidocracia manipula el cupo femenino a discreción, poniendo en las listas a sus propias esposas o usándolas como fusibles para resolver internas, como en Mendoza. Ojalá que esto no pase desapercibido, ya que se estaría avalando un solapado mecanismo de discriminación y sumando una nueva derrota a la desmoralizada democracia argentina.