La deuda federal

 

Shylock vive en calle Balcarce 

 

Por empezar, bastaría señalar que todos los estudios económicos indican que la mayoría de las provincias argentinas va a tener que pedir -tarde o temprano- asistencia financiera a la Nación, ya que aún proyectando un crecimiento ideal de los recursos tributarios, que en el marco de la desaceleración económica nunca puede ser mayor del 25 por ciento, no llegan a cubrir el gasto de ninguna manera. A lo que habría que sumarle la casi imposibilidad de colocar deuda en el exterior. 

 

Razón por la cual muchas provincias se han visto obligadas al aumento en las alícuotas del impuesto inmobiliario; en los costos de las operaciones bancarias o en la alícuota de ingresos brutos, como viene ocurriendo desde hace un año en Entre Ríos, Tucumán o Río Negro, entre otras. 

 

Pero son medidas desesperadas y, en muchos casos, equivale a intentar apagar el fuego con kerosene; porque actuando sobre los segmentos económicos y productivos de pequeño y mediano formato, la mayor carga fiscal tiende a profundizar la causa del problema, que es la desaceleración de la economía.  

 

Los fondos de la coparticipación han crecido apenas un 18 por ciento como mucho, respecto del año pasado; mientras que la inflación acumulada anda entre el 23 y el 24 por ciento anual. Es decir que la recaudación va quedando atrás del incremento de los costos. 

 

Entonces, a mayor reducción del poder de decisión económica, los gobernadores se ven obligados a pedir auxilio del Gobierno nacional que, obviamente, utiliza el salvataje (casi siempre escaso, por cierto) para "clientelizarlos" política y electoralmente.  

 

Dentro de la ley, nada 

 

La situación, planteada de esta forma, parece irreversible. Sin embargo, la solución más justa (en sentido estricto) sería cumplir, por parte del Gobierno nacional, con la garantía del 34 por ciento establecida en el artículo 7 de la ley 23548 de Coparticipación Federal. Allí se expresa, claramente, que el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al 34 por ciento de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan o no el carácter de distribuibles. 

 

Sólo entre 2007 y 2012, esta resignación de fondos de las provincias asciende, en valores nominales y sin actualización, a más de 60 mil millones de pesos. Es una deuda acumulada enorme, a la que debería sumarse la cuestión de los Aportes del Tesoro Nacional; de las normas operativas internas de la AFIP; el impuesto al cheque, que se aplica de manera completamente inconstitucional; las retenciones a las exportaciones.  

 

O el increíble 15 por ciento de la masa coparticipable que va a la ANSES para financiar el sistema público (que hoy es el único).  

 

Recaudación retrospectiva 

 

En este punto, es necesario recordar que la asignación del 15 por ciento de la Coparticipación fue adoptada como un esfuerzo solidario para cubrir el desfinanciamiento que generó a la ANSES la derivación de los aportes personales al régimen de capitalización, a las famosas AFJP.  

 

Pero, cuando en 2008 este régimen se eliminó, los recursos coparticipables no fueron devueltos a las provincias, pese a que el ANSES fue, a partir de ese momento, el único recaudador de tales aportes. Es un doble engaño que posterga a los jubilados y obstruye el financiamiento de políticas públicas de importancia estratégica para el desarrollo regional.  

 

Voluntades cautivas 

 

El régimen centralista -y en muchos aspectos ilegal- con que se administra la riqueza en Argentina, debe hoy su fortaleza más a sus víctimas que a sus beneficiarios. Scioli es el ejemplo: puesto al borde del default salarial y humillado públicamente, se ha convertido en el principal argumento electoral para la continuidad de sus detractores y enemigos políticos. 

 

A veces daría la impresión que está pagando el rescate de su Gobierno, secuestrado por el núcleo duro cristinista. Un gobierno vulnerable, no sólo por la pobre personalidad política del gobernador, sino por el insondable conurbano que se alimenta tanto de las utilidades como de los emigrados de la otra provincia, la de la producción agropecuaria, que comparte con el interior profunda la impaga deuda federal.