Excedente económico y proyecto nacional

El desmoronamiento de la economía basada en el régimen de convertibilidad cambiaria, por un lado, y la demanda de una nueva etapa con mayor equidad y presencia estatal, por el otro, dejaron pensar que estábamos a punto de retornar a la senda del nacionalismo económico, abandonada en 1955. Incluso la propaganda oficial hizo todo lo necesario por alentar esa idea. Pero pasados doce años de la crisis de 2001, ni el gobierno nac & pop, ni sus principales opositores, cultivan la fórmula que Aldo Ferrer (en otra época) definió como "crecer con lo nuestro".

 

Ambos bandos piensan que Argentina es incapaz de financiar su desarrollo y que, para ello, no queda más remedio que recurrir al capital trasnacional, endeudarse o entregar los recursos naturales. Es obvio: si no hay recursos adentro, no queda otra posibilidad que recurrir a los de afuera, sea por créditos o por inversión directa extranjera. 

 

Atento a no dañar su imagen "progresista" (aunque cada vez menos), el Gobierno nacional sigue apostando a demonizar el pasado reciente (aunque Menem se haya convertido al kirchnerismo). La cantinela es que existió un saqueo, implementado con la privatización de las empresas públicas y la apertura económica, del que hoy se están afrontando las consecuencias. De modo que, tanto el pago de la deuda como la radicación de empresas (Barrick, Monsanto, Chevron, etc.), quedarían legitimados por esta situación, de momento irreversible.

 

Por su lado, la mayoría de los dirigentes opositores toma la fuga de divisas como natural, ya que "los capitales van adonde se les ofrece mejores condiciones y más seguridad"; y sostienen que serán las grandes empresas transnacionales y nacionales las que aportarán los recursos, si les brindamos un marco de políticas complacientes. En definitiva, afirman, son esas empresas las más aptas para comandar el proceso de desarrollo y su enriquecimiento será beneficioso para el país. Para eso, insisten, tienen que obtener las mayores ganancias y garantías. 

 

Ninguna de las dos posiciones, sin embargo, acierta a definir un plan, proyecto o, simplemente, una opinión, de tipo estructural. Como bien explicaba (también en otra época) el economista de inspiración nacional Alfredo Calcagno, "para caracterizar un proceso de acumulación de capital —o en otras palabras, los factores que determinan la inversión de capital dentro de un proceso coherente de desarrollo— es necesario definir la forma de generación del excedente económico, determinar quiénes lo captan, cómo lo hacen y la forma en que es reasignado. Es decir, cómo se crea la riqueza, quiénes se apropian en primera instancia de sus frutos, de qué manera lo hacen y a qué los aplican. El financiamiento de todo programa de desarrollo exige que algún agente económico invierta excedentes". 

 

Efectivamente, en el proyecto nacional del 80, fueron los productores agropecuarios y algunas empresas extranjeras las que captaron la mayor parte de la renta proveniente de la explotación rural y pudieron financiar la infraestructura física del país, dando relativo bienestar a una parte importante de la población. En el período 1943/55, en el proyecto nacional del justicialismo, el Estado captó una parte de la renta natural agropecuaria y la utilizó para financiar el desarrollo industrial. 

 

En ambos casos, se instrumentaron regímenes de acumulación que cumplían con la condición necesaria de viabilidad, que consiste en que quienes captan el excedente lo reinviertan productivamente en medida significativa. Actualmente, ningún sector político pone en discusión la apropiación y el uso del excedente económico nacional, al punto que ni siquiera se informa al respecto.

 

Pero identificar el destino de los excedentes es de fundamental importancia. Porque sólo teniendo esto en claro, se puede determinar si los recursos necesarios para financiar el desarrollo existen; o si están siendo utilizados para fines no productivos. 

 

En este sentido, es imperioso el control efectivo de las evasiones impositivas y de capitales; determinar la legitimidad del pago de intereses de la deuda externa; perseguir las subfacturaciones de exportaciones; o investigar desde las diferentes subvenciones a los sobreprecios de las ventas al Estado, etc. 

 

Cualquier argentino intuye que existe una masa de recursos que, actualmente, está mal orientada y que tiene la magnitud requerida para financiar un proceso de desarrollo autónomo, aun cuando sólo se reoriente una parte de ella. Es decir que, para obtener el financiamiento requerido, bastaría con reasignar los fondos que actualmente se derivan hacia fines especulativos y los que están vinculados con delitos, abusos o consecuencias de políticas económicas indeseables. 

 

Financiamiento genuino, por cierto, ya que no es lo mismo desarrollarse desde nosotros mismos que en base al endeudamiento o a la inversión extranjera. La existencia de recursos internos para el desarrollo no sólo lo hace más factible, sino que le permite al país determinar democráticamente de qué tipo de desarrollo se va a tratar y si será en una Argentina dual o integrada, si será equilibrado o se basará en enclaves exportadores y cuáles serán los protagonistas y beneficiarios del proceso.

 

Cabe señalar, también que en este marco todos los que quieran invertir desde afuera y respetando las nuevas reglas de juego, también pueden encontrar una forma de hacer negocios que no afecte el perfil nativo de desarrollo autocentrado. 

 

Ojalá las nuevas fuerzas políticas que aparecen en el horizonte quieran intentarlo. Pues la existencia de recursos nacionales -y la posibilidad de reorientarlos productivamente- hacen realmente viable un cambio de política. No importa cuánto se proclame ser de izquierda, progresista, democrático o republicano: la asignación del excedente es, en suma, lo que califica el verdadero carácter de una gestión de Gobierno.