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Si bien durante el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, la oposición logró retirar el artículo que habilitaba la obtención de licencias para las telefónicas, nunca quedó desmentido que tal cosa podía ocurrir, de todas maneras, tomando en consideración el uso asociado del tendido y la red en poder de Telefónica y Telecom. Lo cual, tarde o temprano, podría dar lugar a múltiples articulaciones o asociaciones -con medios privados y aún con el propio Estado-, situación que otorgaría a tales empresas una clarísima ventaja monopólica en la comunicación social.

 

La cuestión volvió a estar en la prímera línea informativa a partir que Telefónica, a nivel mundial, amplió su dominio sobre Telecom Italia, ahora con el 66 por ciento del paquete accionario. Según se informó oficialmente, la corporación de origen español persigue consolidarse como compañía global, con fuerte presencia en Europa y Brasil, pero también -y esto aparece remarcado en los comunicados- en la Argentina.

 

Considerando esta finalidad estratégica, el escenario argentino se muestra más que propicio, puesto que Telecom Italia es el accionista mayoritario y controlante de más de dos tercios de Sofora Comunicaciones, junto con el grupo Werthein, que posee el resto. A su vez, Sofora es dueña de Nortel Inversora, quien efectivamente detenta el 54,74 por ciento del Telecom Argentina. El 45,23 por ciento restante pertenece a un grupo innominado de tenedores de acciones, donde el Estado argentino, por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, controla el 25 por ciento. 

 

O sea que la posición dominante de Telefónica en Telecom le daría, en nuestro país, ya no tan sólo el control de las dos zonas originales en que fue distribuida la telefonía domiciliaria, sino también en el mercado de telefonía celular con Movistar y Personal. Siempre que la CNT y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo permitan, por supuesto. 

 

Condición, esta última, bastante probable. A menos que se reflote al plan de Néstor Kirchner de quedarse con Telecom -según algunas investigaciones, lo había pensado, asociando al grupo Irsa (de Eduardo Elsztain), primero, y al Eduardo Eurnekian, más tarde-, que nunca llegó a cristalizarse; aunque habría sido la razón de fondo para desatar la guerra con el Grupo Clarín, por debajo de los argumentos formales que se esgrimieron de uno y otro lado.

 

Algo dejó escapar el propio Kirchner en 2008, cuando participó en el programa ultraoficialista 6,7,8: "A mí Héctor Magnetto me pidió que le vendiera Telecom a Clarín, se lo puedo decir en la cara". Como se sabe, poco tiempo después, Néstor intentó la mencionada "argentinización" de la empresa que terminó resultando infructuosa en todas sus variantes.

 

Hoy, cinco años más tarde y en términos de los avances registrados por el patrón tecnológico, el trofeo es mucho más apetecible. Actualmente, las empresas de telecomunicación (la gran mayoría de ellas ya asociadas o integrando el cartel de las cadenas informativas) siguen de cerca el desarrollo de la televisión para telefonía móvil 4G, ya que el principal indicio del mercado es un generalizado consumo de videos a través de internet.

 

Las posibilidades de controlar este mercado son infinitas, ya que no existe siquiera la caracterización jurídica del nuevo escenario por parte de la legislación argentina. Como bien lo define Henoch Aguiar, ex titular de la CNDC: "La ley (de Servicios de Comunicación Audiovisual) es estéril, regula una realidad que ya cambió".

 

Avanzar sobre la propiedad de Telecom es una enorme tentación para el oficialismo, no sólo en términos de rentabilidad sino, fundamentalmente, por las consecuencias políticas, ya que sería un duro golpe para La Corpo ver a los camporistas liderando la nueva era comunicacional.

 

Pero a este deseo innegable se le oponen las dificultades económicas, cada vez más severas, que enfrenta el Gobierno. A la caída del superávit comercial por las importaciones a pérdida de combustibles, se le suma el incontrolable ascenso del dólar y los fracasos administrativos de las empresas "nacionalizadas". 

 

Frente a este cuadro, podría pensarse en una asociación con los grandes capitales del rubro -se menciona al propio Grupo Werthein; a Carlos Slim; a la brasileña OI o a los gigantes de Estados Unidos e Inglaterra como Vodaphone, Verizone o ATT-, pero es cada vez más difícil pensar en que ello ocurra, ya que a los problemas mencionados se suma la pérdida rotunda del sustento popular y las poco confiables condiciones que instala el cepo cambiario. 

 

Todo apunta, entonces, a que Telefónica ofrezca un nuevo cierre con el Ejecutivo ante la amenaza de cercanía del temido Grupo Clarín. De no ser así, podría comenzar una nueva temporada del culebrón tribunalicio más remanido de la política criolla.