La norma garantiza una asistencia económica mensual por el término de cinco años de $ 2.400 para los sobrevivientes y $ 1.200 para los familiares de víctimas fatales hasta el 1º grado por consanguinidad o afinidad, que será actualizada anualmente conforme el Índice de Precios al Consumidor que elabora la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña (IPCABA). Asimismo establece que la asistencia económica cesa en caso de cobro de alguna indemnización judicial o extrajudicial.
Además se garantiza a los beneficiarios los tratamientos, medicamentos y prácticas médicas, en especial, la atención en salud mental, los controles neumonólogicos, los tratamientos de oncología, traslados prescriptos y demás vinculados. En cuanto a la inserción laboral, el Poder Ejecutivo los convocará a participar de los concursos que se dispongan para cubrir vacantes en el sector público. Asimismo diseñará e implementará acciones, políticas y programas, incluida la celebración de convenios, a fin de promover la capacitación de los beneficiarios para la mejora de las condiciones de empleabilidad en el mercado de trabajo.
La norma de autoría de los Diputados Fernando Sánchez (CC) y Laura García Tuñón (BpT) se votó sobre un texto consensuado con una incorporación de la diputada Karina Spalla (PRO) aceptada por su par Gabriela Alegre (FpV), ante importante cantidad de sobrevivientes y familiares de víctimas fatales en los palcos bajos del Recinto.
"No hay ley que repare la noche del 30 de Diciembre. Lo que estamos haciendo es revindicar la lucha de los chicos, los padres, las abuelas de los familiares y víctimas de Cromañon. Haber llegado a esta ley es importante. Quizás sea perfectible, pero tenemos ley. Hoy le dimos la solución y agradezco la paciencia de todos los que trabajaron en esta norma. No es un tema para ser política. Esto es un tema de Estado y como Estado queremos y debemos ser responsables", dijo el Vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, antes de dar paso a la votación de la norma.