Legisladora porteña (Partido Socialista Auténtico)
Este año la salud en la Ciudad de Buenos Aires también sufrirá ajustes que ya repercuten directamente en los vecinos. La situación silenciada en los medios por el PRO fue advertida por un amplio espectro opositor al macrismo durante las ruedas de consulta para la aprobación del Presupuesto 2014 y, también, por trabajadores de los hospitales públicos y centros asistenciales que desempeñan sus tareas en forma precaria, muchos de los cuales están siendo cesanteados por una Resolución (1657/13) de la ministra Graciela Reybaud, pese a un amparo vigente. Lo que hoy ocurre a casi un año de la represión en el Borda no es una simple coincidencia.
En agosto de 2013 diversas organizaciones sociales acompañaron, en una “Marcha Blanca”, los reclamos de los trabajadores que se movilizaron bajo las consignas “Los recortes en salud matan” y “No a la rebaja salarial”, debido a la reducción de la planta trabajadores en blanco, quita de suplencias de guardia y concursos poco claros.
No obstante las acciones de amparo, la violación a los fallos judiciales ya es una costumbre entre los ministros del PRO. La brutal represión y demolición de los Talleres Protegidos N°19 en los terrenos del Hospital Borda del 26 abril de 2013 terminó con una curiosidad. Si bien el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, el Procurador General de la Ciudad Julio Conte Grand, y el ministro de Desarrollo Social Daniel Chain, debieron pagar una multa de $ 20 mil cada uno por desconocer la actuación de la Sala II de Cámara en lo Contencioso Administrativo que impedía la realización de obras para la construcción del Centro Cívico (Dto. 121/12); en diciembre pasado el juez en lo penal Jorge Adolfo López sobreseyó (Causa 27.116/13) al alcalde y a otros siete funcionarios por su responsabilidad política en el accionar violento de la Policía metropolitana, entre los que se encontraba la ministra Reybaud.
De paso, el titular del Juzgado N° 30 proceso a cinco trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”.
Tal vez, alentada por esta situación que parece invertir la carga de la prueba sobre las víctimas, la ministra de Salud decidió avanzar con una medida que despide en forma solapada a 1500 profesionales bajo contratos precarios, entre los que se cuentan médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros no reconocidos como tales.
De hecho, la aplicación de facto de la Resolución 1657 parece no aguardar los tiempos de la Justicia. Trabajadores de diversos hospitales públicos y del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) denunciaron que ya no hay reemplazos en las guardias, que hay víctimas de violencia familiar sin asistencia y Programas como el PADU Clínico, PADU Pediátrico, Pediatras en casa, entre otros, están siendo vaciados de personal.
Desde su llegada en septiembre de 2012 a la cartera sanitaria, la ex titular del Hospital Santa Lucía solo parece preocuparse por la salud de las finanzas en los ajustes sobre áreas esenciales. De continuar estas políticas, los pocos profesionales que subsistan en situación de fraude laboral pasarán a cobrar un salario reducido por la trampa en un cambio de categoría que anula las suplencias de guardia por otra llamada “módulo”.
Todos los trabajadores precarizados se encuentran en una encrucijada, ya que al no tener garantizada su continuidad ni derechos laborales reconocidos, perderían su principal fuente de ingreso. Por tal motivo muchos prefieren resguardarse en el anonimato.
El próximo jueves 30 a las 14 horas está convocada una asamblea en el Hospital Moyano. Esperemos que los reclamos sean escuchados y resueltos a la brevedad conforme a la magnitud de la necesidad que representa brindar a la población un sistema público de salud eficiente y con profesionales, que por su vocación, han elegido el difícil recorrido de atender a los que menos tienen.
En estos temas también tienen que pensar Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cuando se pasean por Pinamar y Mar del Plata para inaugurar “Estaciones Saludables”, y la vice porteña asegura con aires renovados de campaña para la gobernación de la Provincia que “quiere cambiar la realidad”.
Ya lo están haciendo a instancias del salario de 1500 trabajadores de la salud, sus pacientes y el recorte de programas asistenciales.