Seguridad, Espacio Público y Marketing en la gestión del PRO. Por Claudia Neira

Esta definición de prioridades del Gobierno PRO se enmarca en el libreto del DuranBarbismo que constituye la matriz del modelo de Ciudad Macrista. La política para el uso y ordenamiento del espacio público define una determinada visión de las relaciones en comunidad, de la forma en que cada persona se desarrolla como ciudadano, en un marco que indefectiblemente lo relaciona con otros.

No es pues casual que esta política tenga amplias similitudes, por ejemplo, con la gestión de Rudolph Giuliani en la Ciudad de Nueva York donde las promesas de seguridad tuvieron como eje la tolerancia cero en materia de infracciones al uso del espacio público, con persecución y represión a cuidacoches y limpliavidrios. 1

Del mismo modo, las acciones de gobierno del macrismo, si bien se presentan desde una mirada de embellecimiento de la vía pública, pasos peatonales, plazas y parques, se definen en una deliberada política de criminalización y persecución de la informalidad en el Espacio Público.

En este sentido, esta semana se publicó en los medios el Quinto Informe de conflictividad que realiza el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que contiene las estadísticas sobre delitos y contravenciones denunciados durante el año 2012. En el informe, el Fiscal General saliente, Germán Garavano, hace hincapié en la cantidad infracciones por venta ilegal callejera y cuidado de vehículos. Es decir, pone de relieve las contravenciones labradas con relación al ordenamiento del espacio público, aún cuando las mismas se redujeron en un 7% respecto del año anterior.

Lo cierto es que la cantidad de actas labradas poco de relevante agrega en la materia, ya que la estadística sólo refleja el nivel de persecución y nada dice de cuáles son hoy los nudos problemáticos en materia de uso del espacio público.

Por otra parte, el discurso de mano dura, sin matiz alguno, no permite discriminar entre quienes buscan “ganarse la vida” y quienes, en el marco de estructuras mafiosas, son parte de la problemática de la inseguridad.

Respecto de los primeros, es preciso abandonar el abordaje represivo. Quienes se ganan la vida en la vía pública no van a abandonar la misma, si el Estado no logra fomentar el empleo formal y ofrecerles una alternativa real para subsistir y desarrollarse.2 Es evidente que aquellos que ocupan la calle cuidando coches, vendiendo productos o quienes se encuentran en situación de prostitución no van a abandonarla sólo porque se les labre un acta.

En este sentido, es preciso que el Estado genere políticas inclusivas activas que permitan a quienes, por diversos motivos se encuentran en la informalidad, recuperar un proyecto de vida que les permita integrarse en la vida social. No importa cuán dura sea la mano del Estado, ya que cuando las personas a quienes se intenta disuadir no tienen opciones, no cumplirá con sus objetivos.

Muy diferente es el caso de las mafias que se adueñan del espacio de todos, no para desarrollar en la informalidad una actividad que tiene como objetivo ganarse el pan, sino para realizar delitos. Respecto de ellos, es necesario que el Estado termine con toda forma de connivencia y tenga verdadera voluntad política para perseguirlos.

La otra gran cuestión es el rol que el Macrismo le ha ido otorgando a la Policía Metropolitana que, poco a poco, se ha transformado en el brazo ejecutor de una política de seguridad que empieza y termina en la policialización del espacio público.

Mientras tanto, quienes deberían ser los encargados de ordenar el espacio público, es decir, los trabajadores del Cuerpo de Inspectores del Uso del Espacio Público, se encuentran, paradójicamente, realizando su labor en condiciones de alta precarización laboral. Es decir, que aquellos que deberían perseguir el trabajo informal se encuentran desarrollando su tarea bajo contratos precarios por parte del Estado de la Ciudad.

Es importante señalar además que menos del 1% de las actas que se labran por contravenciones relacionadas con el espacio público llegan a una sentencia condenatoria. Es decir, que se ponen en juego una enorme cantidad de recursos del Estado para procesar estas causas que finalmente no tienen resolución. Maquillaje y engaño a los vecinos. Discursos duros y soluciones nulas. 

Los problemas de seguridad requieren de un enfoque integral y serio. No se solucionan creando enemigos vulnerables a acciones más espectaculares que realistas. No se resuelven gastando recursos judiciales en causas que no son más que papel. Es necesario que el Estado retome su rol de promotor de la justicia social, ampliando derechos y fomentando el empleo digno para que el espacio público se convierta en el lugar donde nos encontremos y se reconstruyan los lazos sociales. Es preciso, en fin, que construyamos un Estado que asuma la resolución de los verdaderos problemas de los Ciudadanos y que por fin adopte una política de seguridad que acompañe los esfuerzos que hace el Estado Nacional para que cada día la Ciudad sea más segura y para resolver los conflictos que el Gobierno Local decide ignorar.

1 Recordemos que en Nueva York no sólo fracasaron estas políticas, sino que hoy hay un gobierno que tiene un enfoque completamente opuesto a las políticas de tolerancia cero de Rudolph Giuliani.

2 Mientras a nivel Nacional los datos reflejan que la Tasa de Empleo No Registrado pasó de 49,1% en 2003 al 34% en 2011; en la Ciudad de Buenos Aires en el mismo período la variación fue de apenas 3% (del 30% al 27%). Si bien es preciso destacar que tanto a nivel a nacional como local, estas cifras siguen preocupando por su volumen, también es cierto que la escasa variación a nivel local demostraría una escasa  actividad gubernamental en  su rol de policía de trabajo. (Corriente Política 20/21)