Toma: la legisladora Rachid participó de la audiencia judicial

En este contexto, sostuvo: "Si el Gobierno de la Ciudad hubiera cumplido con la ley 1.770 sancionada en 2005, que establecía que debía sanearse este predio, construir viviendas, o si no subejecutara el presupuesto del Instituto de Vivienda (IVC) en los últimos años, nada de esto hubiera pasado. Por eso creemos que ahora las autoridades porteñas deben trabajar para solucionar esta situación sin represión y mediante el diálogo, cumpliendo las leyes y las resoluciones judiciales que ordenan construir las viviendas que darían solución a estos conflictos". Y concluyó: "Participamos para contribuir al diálogo y garantizar que se respeten los derechos humanos, incluido el derecho a la vivienda de todos/as, para que se resuelva esta situación sin violencia y para que los/as vecinos/as encuentren una solución al grave problema habitacional que vienen sufriendo".