El Bloque FpV culpa a Macri por el conflicto en Villa Lugano

En primer lugar, las legisladoras Paula Penacca y María Rosa Muiños, autoras del proyecto, desean saber "si se ha realizado el censo que el artículo 2° bis establece debía realizar el Instituto de la Vivienda en el término de treinta (30) días promulgada la ley; si se realizó la audiencia pública, establecida por el artículo 3°, con los vecinos y vecinas de la Villa 20 a fin de establecer conjuntamente las obras a realizar, y cuáles fueron los resultados de la misma; y si se ha realizado el saneamiento del suelo establecido en el artículo 3°".
Además, solicitan tener conocimiento de "cuáles fueron las obras ejecutadas en relación a emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de serviciosy construcción de viviendas a partir de la promulgación de la ley y quéobras se encuentran actualmente en ejecución, cuáles están planificadas,los plazos establecidos y el presupuesto asignado a las mismas".
"En 2008, tres años más tarde de promulgada la ley, la villa fue declaradaen emergencia ambiental y sanitaria y de infraestructura, acto que sereiteró en el 2009, debido principalmente a que los habitantes de esteasentamiento se encuentran en constante exposición a sustanciascontaminantes producto del depósito de autos", sostienen en los fundamentosdel proyecto.
Y agregan "trascurridos 9 años de aquella primera decisión, los vecinos seencuentran hoy envueltos en una situación de gran vulnerabilidad, ya que nosólo no se ha avanzado en el proceso de urbanización, lo que implica elincumplimiento de una norma, sino que esta realidad se ha visto agravada enlas últimas semanas producto de la exposición que implica la ocupación delas tierras previstas para la construcción de viviendas por parte devecinos cuya situación habitacional es cada vez más crítica".Por otro lado, las legisladoras kirchneristas denuncian " que la falta deurbanización de la Villa en general y la contaminación del suelo enparticular, teniendo ambos como denominador común la inacción del Estadolocal, representan una violación flagrante de los derechos humanos
fundamentales de los vecinos que allí viven".
"Existe una obligación por parte del Estado -con fundamento en laConstitución Nacional, local y los tratados internacionales que gozan dejerarquía constitucional- de asegurar el derecho a una vivienda adecuada.
De la misma manera se encuentra contemplado el derecho inherente a la dignidad humana que garantice un estado completo de bienestar", concluyen.