Gerardo Rico: Un dictamen vergonzoso sobre un interés inconfesable

"Para que el árbol no tape el bosque y para que el contexto no sea desdibujado por causa de declaraciones rimbombantes que banalizan la gravedad de los hechos. Un empresario de dudoso accionar, presuntamente vinculado al narcotráfico, es ejecutado junto a su novia en las afueras de Rosario al recibir ambos una lluvia de balazos.
Sin que medie orden judicial, un ministro ordena a funcionarios subalternos que desbloqueen una computadora portátil de la víctima porque los efectivos policiales que intervienen en la investigación no saben o no pueden hacerlo.
Los funcionarios cumplen el cometido, pero cuando por fin se constituye una autoridad judicial competente, una magistrada que se hace cargo de la causa, al enterarse de dichas actuaciones exige que la mencionada computadora sea enviada a sede tribunalicia y sea peritada por personal de Gendarmería.
El ministro es citado el 6 de febrero, tras el receso legislativo, a la Cámara de Diputados, donde realiza junto a otro colaborador, también ministro, su descargo, a nuestro juicio plagado de zonas oscuras.
El 17 de febrero pasado los diputados que integramos el bloque Movimiento Evita, patrocinados por el abogado Fernando Rosúa, llevamos adelante una presentación ante sede judicial, y elevamos una denuncia penal contra funcionarios del gobierno socialista por considerar la probable existencia de hechos ilícitos cometidos por éstos en oportunidad del homicidio del empresario Luis Medina, presuntamente relacionado con el accionar del narcotráfico y la investigación inmediata de ese hecho, acaecido el 29 de diciembre de 2013.
Además, solicitamos a la Justicia que determine si el ministro de Gobierno actual, Rubén Galassi, había incurrido como autor mediato en delitos tipificados en el Código Penal por haber dado órdenes manifiestamente contrarias a la ley vigente.
Entendíamos que los secretarios y subsecretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado provincial, Javier Echaniz y Martín Degratti, respectivamente, habían cometido una serie de irregularidades manifiestas en los procedimientos, y que si lo habían hecho por orden de Galassi, por cuanto él mismo admitió estar en pleno conocimiento de lo actuado al producirse la intervención de sus subordinados sin orden judicial, ameritaba la intervención de la Justicia para determinar si se habían cometido delitos.
Esta semana, el fiscal Carlos Covani emitió un dictamen que desestima nuestra denuncia penal. Como expresamos en un comunicado del bloque, la decisión del fiscal al afirmar que no existió delito alguno sin haber solicitado una sola medida a fin de esclarecer las contradicciones públicas y evidentes entre funcionarios políticos y judiciales actuantes es de una irresponsabilidad inocultable.
Su dictamen parece el alegato de un abogado defensor que protege a personas que para hacer lo que hicieron tienen un interés inconfesable.
No es presionando a jueces y fiscales como se deslindan las responsabilidades de un caso como éste, en el que están en juego delitos, presunciones de vínculos de la víctima con el narcotráfico, y nada menos que la conducta de funcionarios en ese entorno.
Y una vez más comprobamos que el "veto propositivo" del gobernador Antonio Bonfatti que desarticuló la ley que creaba la Policía Judicial forma parte de un dispositivo que apunta a proteger a funcionarios en casos como éste, porque precisamente la iniciativa abortada por el socialismo apuntaba a que el nuevo cuerpo investigara los delitos complejos, como las asociaciones ilícitas que hoy operan en los barrios de Rosario, o los cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.
El dictamen de Covani es bochornoso y representa un peligroso antecedente. No sembramos sospechas, como dicen algunos legisladores oficialistas, en tal caso el Ejecutivo no hace lo suficiente para despejarlas.”