Rachid y Taiana - Iniciativas contra el abuso del veto y la no publicación de leyes

El primero, un proyecto de ley que surge a raíz de los 128 vetos a leyes que ha realizado en el último tiempo el Poder Ejecutivo, propone mecanismos institucionales internos que jerarquicen el rol activo de la Legislatura para definir el destino de las iniciativas de ley sancionadas y vetados total o parcialmente. Así, esta iniciativa establece un procedimiento con plazos determinados para que la Legislatura manifieste su voluntad expresa de insistir o aceptar el veto (total o parcial).
Expresan en un comunicado que “En lo que respecta al ejercicio del mecanismo de veto, la actual gestión es la que más leyes ha vetado con 128 sobre 269 vetos históricos. Sobre este punto, vale subrayar que el 25 % de las leyes vetadas están relacionadas con Desarrollo Social, evidenciando que las propuestas para resolver cuestiones relacionadas con áreas sensibles a la ciudadanía, son obstaculizadas por el actual gobierno.
Sumado al ejercicio del veto, la ausencia de publicación de algunas leyes y la falta de reglamentación de otras, da como resultado que la actual gestión local ha impedido la aplicabilidad del 18% de las leyes sancionadas, del que resulta el mayor porcentaje de ineficacias.
Por otra parte, y en relación a las leyes vigentes que no se vetaron pero que no se aplican porque aún no se han reglamentado, casi la mitad de estas normas corresponden a asuntos que afectan a grupos vulnerados de la población por ser atinentes a los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Educación.”
El otro proyecto relacionado con el anterior, es el que reglamenta la obligación de la Legislatura de disponer la publicación de las leyes sancionadas cuando el Poder Ejecutivo omita la misma o no la realice a en tiempo oportuno.
Al respecto, María expresó que "con el abuso del mecanismo de vetos, sumado a la no publicación de leyes, el Poder Ejecutivo Porteño inhabilita a la Legislatura. También es alarmante cómo el Gobierno de la Ciudad incumple sistemáticamente con el deber institucional más básico como es la publicación de las leyes, y no se trata de una omisión aislada sino de una conducta sistemática de entorpecer e impedir la vigencia y ejecución de las leyes. Por esto es que decidimos presentar esta iniciativa".