Este revés judicial para Macri implica una garantía a los derechos humanos.Por Virgina González Gass

(Legisladora porteña PSA en UNEN y Presidente de la Comisión Especial de Salud Mental)
Este sábado 26 de abril se cumplió un año de la represión que la Policía Metropolitana propició a trabajadores, pacientes, sindicalistas, legisladores y periodistas, quienes se manifestaban pacíficamente para evitar la demolición del Taller Protegido Nº 19 del Hospital Borda, en el lugar elegido por Mauricio Macri para emplazar el llamado Centro Cívico.
Tras forzar una puerta trasera del neuropsiquíatrico, los efectivos metropolitanos montaron un operativo de contención por pedido del Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, con el aval del Procurador de la Ciudad, Julio Conte Grand, y la venia del Ministro de Justicia, Guillermo Montenegro.
El taller se tiró abajo, dejando decenas de heridos. Salvo el ex juez Montenegro, su jefe Macri, Conte Grand y Chain debieron pagar una multa de 20 mil pesos por violar una medida cautelar vigente que impedía todo tipo de intervención.
Desde entonces los pacientes internos y externos del Borda no cuentan con un espacio adecuado ni con los insumos necesarios para continuar su tratamiento en las tareas de herrería y carpintería allí desarrolladas.
Por más de 6 meses ningún funcionario del PRO se hizo cargo de los escombros producto de la demolición, a pesar de conocer la existencia de asbesto, una sustancia altamente tóxica utilizada como aislante.
De hecho, ese fue uno de los pretextos aludidos por el macrismo para justificar la represión y destrucción del taller.
Luego de las denuncias pertinentes y de que el oficialismo impusiera su primera minoría para impedir cualquier llamado a juicio político, una investigación exprés de Jorge Adolfo López sobreseyó en diciembre de 2013 a toda la primera línea oficial imputada: Mauricio Macri, la vicejefe María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, la titular de Salud Graciela Reybaud y el ex juez Montenegro.
Sin embargo, la Sala IV de la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento de las máximas autoridades porteñas, que seguirán en la causa por su responsabilidad política.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad mantiene las denuncias contra los trabajadores que resistieron la violenta represión, a quienes acusa cínicamente de resistencia a la ley, a pesar de estar demostrado que aquel procedimiento de provocación policial fue claramente ilegal.
De las ocho personas detenidas ese 26 de abril, cinco fueron llamadas a indagatoria y procesadas por resistencia a la autoridad. Ocurrió lo mismo con Daniel Catalano, secretario de ATE Capital, a quien acusaron de haberle pegado a una oficial y de sacarle un bastón. De ratificarse el proceso, puede transformarse en un peligroso antecedente en lo que concierne a la represión violenta de la protesta social, ya que se acusa a un trabajador que estaba resistiendo un delito y defendiéndose frente a la brutalidad policial.
El cambio de rumbo marcado por los camaristas Carlos Alberto González y Alberto Seijas permite pensar en que la independencia de los poderes tiende a brindar mayor seguridad jurídica, en especial cuando losgrupos de Operaciones Especiales y de Intervenciones Complejas de la nueva policía de Macri atacan a los ciudadanos.
Cabe destacar, además, que la represión física viene siendo acompañada por otras formas veladas de violencia institucional en áreas vitales. Despidos encubiertos por el cierre de programas asistenciales (Res. 1657-MSGC/13), reasignación de partidas presupuestarias destinadas a desarrollo social para publicidad y propaganda (Res. 582-MHGC/13) y la búsqueda de criminalizar a trabajadores organizados gremialmente como los de ATE, que vienen reclamando bajo la consigna “Los recortes en salud matan” una solución al ajuste en servicios esenciales.
Mientras tanto, de la construcción de nuevos talleres y de la aplicación de la Ley N° 448 de Salud Mental, ni noticias.