El secretario de Justicia, Julián Álvarez, y la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras, firmaron un convenio que promueve acciones de promoción y difusión de derechos de las mujeres privadas de la libertad en las unidades penitenciarias.
Al respecto, Julián Álvarez destacó que el acuerdo “no hace más que dar cuenta de una tarea que se viene llevando adelante en forma sostenida a través del desarrollo de programas de género y el avance en la promoción de los derechos de las mujeres” en los complejos federales. Y remarcó: “esperamos seguir profundizando el trabajo en lo que respecta a las políticas de inclusión y de género, que representan una cuestión sustancial y central y así poder que vivir en un país más igualitario para todos y todas”.
En ese marco, el funcionario recordó que "en la Argentina desde el 2003 se inició un ciclo en el que la mujer tiene un rol de igualdad al lado del hombre, pero también de conducción y liderazgo y esto lo vemos en la figura de la Presidenta de la Nación".
Por su parte, la titular del Consejo Nacional de las Mujeres, explicó que con esta firma "se profundizará la formación de los agentes de servicio penitenciario, entre los que ya capacitamos a más de 1.000 agentes en políticas de género y en esta segunda etapa vamos por los cargos de mayor jerarquía".
"Por primera vez se viene trabajando esta temática en el Servicio y se plantea desde las mujeres privadas de la libertad y con los agentes, que va a permitir agenda en conjunto porque es común hablar de la temática pero no trabajar en redes para la prevención", resaltó Gras.
El convenio prevé la capacitación y la asistencia técnica a los equipos de trabajo de la Oficina de Género del SPF y al resto del personal, y la realización de talleres con mujeres privadas de la libertad enfocados en la promoción de sus derechos. También contempla la inclusión de la perspectiva de género en todo el material de difusión, buscando así la eliminación de la discriminación y la prevención de la violencia.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creó en 2012 la Oficina de Género en el ámbito del SPF que tiene programas específicos que contribuyen al mejoramiento de los vínculos entre las agentes (oficiales y suboficiales) y las mujeres privadas de la libertad. También articula con distintos organismos generando canales de información sobre violencia intrafamiliar, derechos de familia y derechos laborales.
El SPF cuenta con diversas unidades de alojamiento para mujeres, como el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres y la Unidad 31 del Centro Federal de Detención de Mujeres de Ezeiza, el Instituto Correccional de Mujeres, la Unidad 13 de La Pampa y el Complejo Penitenciario Federal III ubicado en Güemes, Salta.
A su vez, las madres y embarazadas alojadas en las distintas sedes son asistidas por equipos interdisciplinarios y reciben un tratamiento específico basado en la idea de generar vínculos sin violencia, incorporando prácticas saludables y dietas nutricionales acordes a madres e hijos, entre otras prácticas.