Informe sobre la Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires

También hicieron llegar sus adhesiones la Diputada Gabriela Alegre (Frente para la Victoria), miembro de la Comisión Especial, y la Diputada Susana Rinaldi (Frente Progresista y Popular), a través de su asesor Ángel Barraco. 

El encuentro a sala llena contó con la presencia de Leonardo Gorbacz, Diputado Nacional (MC) y autor de la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), el Dr. Hugo Cohen, Asesor Subregional en Salud Mental para Sudamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS); Gabriela Spinelli, Coordinadora de Salud Mental de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad (AGT) y Silvia Stuchlik, Responsable de la Oficina de Fortalecimiento Institucional (AGT), entre otros referentes. 

González Gass señaló la inobservancia y el total incumplimiento de la Ley en cuestión, la falta de dispositivos alternativos, la avanzada inmobiliaria sobre los terrenos del Borda y la política privatista en materia de adicciones, que es ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros aspectos graves ligados a la falta de un plan estratégico de Salud Mental. 

Una de las cuestiones abordadas por la Comisión Especial y resaltada por la Diputada González Gass durante la conferencia fue el desmantelamiento del Programa de Acción Comunitaria para niños, niñas y adolescentes con trastornos severos (PAC). El mismo resultó exhaustivamente auditado por la Unidad Interna de Auditoría del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y sus conclusiones se acaban de conocer. Esta auditoría confirma que el PAC tenía un funcionamiento adecuado a los lineamientos de la Ley de Salud Mental, lo que confirma que el desplazamiento de sus coordinadoras se debió a razones ajenas al funcionamiento del mismo. 

Por su parte,  María Elena Naddeo señaló que el estado de la salud mental en la ciudad presenta un profundo retroceso, ya que el gobierno de Mauricio Macri ha colocado a la salud pública y a la salud mental en un lugar secundario, considerando que no hay energía ni recursos suficientes para generar los nuevos programas de atención domiciliaria ni los servicios de atención en los hospitales, tal como marca la ley. También realizó un llamado a profundizar la lucha y la unidad entre todos los sectores que defienden la salud pública bajo el paradigma de los derechos humanos. 

La Diputada García Tuñón compartió las observaciones sobre las falencias señaladas por las legisladoras y añadió que existe un clima persecutorio sobre  los directores de aquellos hospitales que impulsan el cumplimiento de la Ley. Señaló la necesidad de impulsar acciones de externación por vía del trabajo como ocurre en otros países donde existen planes de salud mental que articulan estos recursos. 

La Diputada Sánchez Andía remarcó la importancia de la sistematización de la información producida a través de estos informes, “lo que constituye  un rol clave del trabajo legislativo”. 

En su adhesión, Rinaldi aseguró que “es de esperar que el Ejecutivo de la Ciudad, deje de lado su indiferencia y sin más dilaciones cumpla con la integración de un sistema de Salud Mental, creando y poniendo en funcionamiento el conjunto de efectores de dispositivos que se requieren para tal fin”.