Capitanich destacó la media sanción a las leyes de defensa al consumidor y de pago soberano

En su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich celebró la media sanción que dio el Senado de la Nación a las leyes de observatorio de precios, de defensa al consumidor y de Regulación de las relaciones de producción y de consumo; y a la Ley de Pago soberano.
Además, Capitanich calificó como “temeraria” a la afirmación del titular de la UIA, Héctor Méndez, quien dijo que "el Gobierno me hace acordar a la dictadura y la obediencia debida".
“Catalogar como dictadura a la mayoría en el Congreso que tiene el Frente para la Victoria (FPV) constituye un acusación temeraria e infundada, una falta de respeto a una institución de la democracia, a un partido político o a una alianza electoral”, dijo el ministro coordinador.
Señaló que “en la Argentina hay 257 diputados y 72 senadores, todos elegidos por la voluntad popular. Mendez no es elegido por la voluntad popular, sino por sus pares, y los grandes grupos económicos siempre ponen a empresarios de menor envergadura para que sean sus voceros. Constituyen verdaderos mascarones de proa para que digan que ellos, lo que los sectores concentrado no pueden decir”.
“Los grandes grupos tiene su estrategia de comunicación a través de diferentes medios, analistas y muchos periodistas también, y dicen lo que quieren decir. Eso me parece razonable, pero lo deben hacer en el marco del respeto”, dijo Capitanich.
El jefe de Gabinete dijo que “una acusación de esa naturaleza merece el repudio”.
Además el funcionario nacional dijo que no sabe de qué se quejan los sectores del G6 si “la oposición representa genuinamente sus intereses. Tiene una calificada representación en el Congreso, pero no coincide con la mayoría, porque el pueblo le otorgó la mayoría al Frente para la Victoria”.
El funcionario señaló que el G6 (integrado por la UIA, la Sociedad Rural, las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino) distorsiona el debate sobre la ley de Regulación de las relaciones de producción y de consumo.
Capitanich indicó que el proyecto modifica una ley vigente (la dey de abastecimeinto) que fue aprobada en 1974 y ratificada en su aplicación por la Corte Suprema y el digesto jurídico. Explicó que esa norma “contenía cuestiones de tipo penal, es decir cárcel, que han sido excluidas”; y que “la iniciativa elimina la clausura definitiva de comercios y crea sanciones pecuniarias más elevadas”.
Por otro lado, al ser consultado sobre la incorporación de París como jurisdicción alternativa en la Ley de Pago Soberano, Capitanich explicó que fue el resultado de “una evaluación muy precisa de Legal y Técnica” de la “propuestas que se han analizado en el ámbito de la nación para introducir cambios en el proyecto original para articular un consenso”.