El Senado bonaerense aprobó la expropiación del lugar donde fue torturado Luciano Arruga

La Cámara Alta votó la expropiación del inmueble de Lomas del Mirador donde fue visto por última vez Luciano Arruga la noche del 31 de enero de 2009. La iniciativa había sido presentada en Diputados por el legislador Miguel Funes y contó con el apoyo de los senadores bonaerenses durante la última sesión ordinaria.
Al respecto, la hermana del joven, Vanesa Orieta, definió la expropiación como “un hecho más que importante ya que es uno de los pedidos vigentes desde que se inició en esta lucha, cuando Luciano desapareció”. En esa línea, sostuvo que el destacamento era un “lugar en el que se trabajaba mal, de forma violenta, los jóvenes quedaban detenidos por varias horas, en algunos casos eran golpeados físicamente y la tortura psicológica existía siempre”.
Ahora, el ex destacamento se convertirá en un lugar para la memoria y espacio contra la violencia institucional que llevará el nombre de Luciano Arruga. Según lo dispuesto por la norma aprobada en el Senado, el inmueble será a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El presidente de la Cámara Alta, Gabriel Mariotto, se mostró receptivo y preocupado por la causa y se comprometió atrabajar en forma articulada junto a la familia en la búsqueda de justicia. En una reunión que mantuvo con el núcleo íntimo de Luciano, el Vicegobernador anunció que realizará gestiones ante el presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, para que se realice en noviembre el juicio a los tres funcionarios judiciales acusados de mal desempeño durante la investigación.
El Titular de la APDH de La Matanza, Pablo Pimentel, explicó que “si uno lee políticamente el voto unánime de este Senado y esto lo reflejan en el control que debe haber en el accionar policial, es un día histórico” y planteó que la entidad que preside “ha puesto a disposición el lugar para que se transforme en un lugar de vida, de protección y de promoción de derechos”.
El caso por la desaparición del joven estuvo lleno de irregularidades. En principio la fiscal Castelli está acusada de distraer el expediente y delegarla pesquisa en los propios policías del destacamento. Su responsabilidad en la detención de la causa se debe a que no tomó en cuenta las denuncias de la familia y por tal motivo fue apartada del caso en 2009.
El libro en el que se anotaba el ingreso de los detenidos fue adulterado y del nombre de Luciano no quedó registro. Un año antes, el joven había sido detenido y torturado en la misma comisaría.
Posteriormente la sucedió la fiscal Celia Cejas quien pidió al Juez de Garantías Gustavo Banco por más de 15 veces la extensión para mantener intervenidas todas las líneas telefónicas de los familiares de Luciano Arruga.
En diciembre de 2013 la familia del joven, a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo el pedido de juicio político contra los funcionarios Castelli, Cejas y Banco.
En enero de 2013, la federalización y el cambio de carátula de la causa pasó de “Averiguación de paradero” a “Desaparición forzada de persona” y pasó de la Justicia ordinaria a la Justicia nacional: del Juzgado de Garantías Nro. 5 de La Matanza al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón, es decir del juez Gustavo Banco al juez Juan Pablo Salas.