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Decisión ministerial sobre la cuestión Malvinas
09.11.2014 10:46 |
Noticias DiaxDia |
27 países de América Latina y el Caribe integrantes de la OLADE emitieron en El Salvador el segundo pronunciamiento en torno de la soberanía sobre las islas Malvinas referida a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios circundantes a las islas.
Los ministros de Energía de los Estados Miembros de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) reunidos en San Salvador, El Salvador, aprobaron el viernes pasado la Decisión Ministerial XLIV/D/502 “Soberanía sobre las Islas Malvinas” referida a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios circundantes a las Islas.
Fue el segundo pronunciamiento de la OLADE sobre este tema; la primera Decisión Ministerial fue adoptada el año pasado durante la XLIII Reunión Ministerial, celebrada en Punta Cana, República Dominicana, el 29 de noviembre de 2013.
La OLADE es una organización internacional creada en 1973 a partir de la suscripción del Convenio de Lima, instrumento constitutivo de OLADE que ha sido ratificado por 27 países de América Latina y el Caribe.
La participación de los Estados Miembros en la organización está a cargo de las respectivas autoridades nacionales competentes y su principal foro es la Reunión de Ministros, que se reúne anualmente.
Por medio de la Decisión XLIV/D/502, los Ministros reiteraron el firme respaldo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC a los derechos de soberanía de la República Argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; y reconocieron su derecho a emprender acciones legales contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en dichos espacios.
Durante este año, el apoyo al plan de acciones legales que lleva adelante el Estado nacional contra dichas actividades también ha sido expresado por otros foros, tales como Mercosur y Estados Asociados, ALADI, y el Grupo de los 77 y China.
En sus considerandos, los Ministros subrayaron que la reunión de autoridades de energía de la CELAC, celebrada los días 24 y 25 de octubre de 2013 en Montego Bay, Jamaica, destacó el derecho de las naciones de la región a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales energéticos, de acuerdo con sus respectivos marcos jurídicos.
Expresaron, además, que las actividades no autorizadas por el Gobierno argentino de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental en el área de las Islas Malvinas contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y el Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras la disputa de soberanía sobre las Islas permanezca no haya sido resuelta.
En este sentido, afirmaron que, a pesar de lo dispuesto por la Resolución 31/49, el Reino Unido ha continuado realizando actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental en el área de las Islas Malvinas, lo cual no contribuye a encontrar una solución pacífica y definitiva de la disputa de soberanía.
Sobre la base del texto del convenio constitutivo de la Organización, los Ministros manifestaron que los países de América Latina y del Caribe tienen pleno derecho a defender y proteger los recursos naturales presentes en su territorio, en pleno ejercicio de sus derechos soberanos.
Por último, los Ministros tomaron conocimiento de las resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación respecto de las empresas involucradas en actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en los espacios circundantes a las Islas Malvinas.
La Secretaría de Energía de la Nación declaró clandestinas seis empresas británicas actualmente involucradas en tales actividades no autorizadas y las inhabilitó para operar en la República Argentina por plazos de quince y veinte años, en el marco del plan de acciones que lleva adelante el Estado nacional contra tales actividades.