Derechos Humanos presentó un informe ante la ONU para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes

Derechos Humanos presentó ante el sistema de Naciones Unidas un informe sobre el estado actual del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura, creado por Ley 26.827, para la elaboración de un nuevo estudio global y en profundidad sobre el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
El encuentro se realizó a solicitud de Naciones Unidas en el marco de consultas nacionales a instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil sobre la temática, y contó con la participación del asesor de la Representante del Secretario General sobre Violencia Contra los Niños de Naciones Unidas, Nicolás Espejo, y las representantes de UNICEF Marta Santos Pais y Mariángeles Misuraca.
El estudio global busca identificar buenas prácticas y problemas relacionados con la institucionalidad y las respuestas que los Estados han venido dando a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes manifestaciones.
Además busca, identificar las debilidades aún prevalecientes particularmente en cuanto a la aplicación de los Tratados Internacionales ratificados por los Estados y las legislaciones nacionales. En este sentido, las consultas incluyen la indagación acerca de la situación de los niños, niñas y adolescentes en instituciones de detención y protección.
Por ello, en este encuentro la Secretaría de Derechos Humanos aportó a los expertos de Naciones Unidas información acerca de la situación actual de implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas, a nivel nacional y en las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el marco del Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura, tanto el Mecanismo Nacional (cuya integración está llevando adelante el Congreso de la Nación) como los Mecanismos Provinciales de Prevención de la Tortura actualmente operativos y a crearse, tienen como competencia la supervisión de todo lugar de privación de libertad, incluyendo aquellos en los que se encuentren o puedan encontrarse niñas, niños y adolescentes privados de su libertad.
Desde la ratificación del Protocolo Facultativo en el año 2004, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lidera el proceso de implementación tanto a nivel nacional como provincial.
En el mes de julio de 2014, se estableció en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un área responsable de la implementación en Argentina del Protocolo Facultativo encargada de promover y colaborar con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, brindar asistencia técnica y apoyo político a las provincias en el proceso de creación y puesta en funcionamiento de los Mecanismos Locales de Prevención y fortalecer los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura existentes.
Asimismo, el área de implementación contribuye con la consolidación del Protocolo Facultativo en el ámbito regional, habiendo participado en actividades organizadas por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Procuración Federal de Derechos del Ciudadano de Brasil, y la Asociación para la Prevención de la Tortura, entre otros.