Se inauguró un espacio de la memoria en la Escuelita de Famaillá

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria- juntamente con los Ministerios de Educación de la Nación y de la provincia de Tucumán, la Secretaría de Derechos Humanos provincial y el Municipio de Famaillá participaron de la inauguración del Espacio para la Memoria "La Escuelita de Famaillá" en el lugar utilizado como el principal centro clandestino de detención en el marco del plan de terror y exterminio que se inició en Tucumán con el Operativo Independencia.
Durante el acto, se transmitió el saludo del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda.
La Secretaria de Derechos Humanos de la provincia destacó la importancia de la designación de La Escuelita como Lugar Histórico Nacional y reafirmó el compromiso de "lograr que este Sitio se transforme en un espacio de participación de la comunidad que canalice sus inquietudes, honrando la Memoria, la Verdad y la Justicia".
Durante el acto se colocó la placa que indica que “La Escuelita de Famaillá” fue declarada "Lugar Histórico Nacional" por el Decreto N° 2243/15, firmado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, se inauguró también una muestra con fotografías de Enrique Shore quien, en 1984, llevó el registro fotográfico para el informe de la Conadep Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Luego, integrantes del Programa de Promotores Territoriales de Derechos Humanos presentaron el trabajo final de su práctica en La Escuelita, y expresaron su deseo de dar continuidad al Programa para seguir aportando a la construcción del Espacio.
Al finalizar la actividad, se presentó la reedición del informe de la bicameral, impulsada por la Secretaria de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores.
“La Escuelita de Famaillá”
La Escuela Diego de Rojas fue construida entre 1972 y 1974. Desde febrero de 1975 y al menos hasta la fecha del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sus instalaciones sin terminar fueron utilizadas como el principal centro clandestino de detención en el marco del plan de terror y exterminio que se inició en Tucumán con el Operativo Independencia y se prolongó, de manera sistemática extendiéndose a todo el país, durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Se estima que allí permanecieron secuestradas alrededor de 2000 personas, muchas de las cuales fueron asesinadas o continúan desaparecidas.
Las fuerzas militares y de seguridad que ocuparon la provincia coordinaron un circuito represivo que instaló bases militares y centros de reclusión ilegal en varios puntos del territorio tucumano, incluidos algunos ex ingenios con la complicidad del empresariado. “La Escuelita de Famaillá” fue la sede del comando de operaciones de la represión ilegal que esas fuerzas ejecutaron. Luego del golpe de Estado, el comando se trasladó al ex Ingenio Nueva Baviera.
Desmantelado el centro clandestino, en 1977 comenzó a funcionar en el sitio la escuela primaria Diego de Rojas y, a partir de 1987, el Instituto Superior de Formación Famaillá.
En junio de 2013, la escuela se mudó al nuevo edificio que construyó el Ministerio de Educación de la Nación y para 2016, también iniciará clases allí el instituto terciario.
En mayo de 2016, comenzará el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Operativo Independencia.
El Operativo Independencia
El 5 de febrero de 1975, la presidenta constitucional Isabel Martínez de Perón, a través del Decreto N° 261, ordenó “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán. Se dio inicio a la incursión militar que convirtió a la provincia en un territorio de ocupación y a poblados enteros en rehenes: el Operativo Independencia.
En la ciudad de Famaillá, se instalaron al menos diez dispositivos militares y se ejerció un estricto control de las personas, de las mercancías y de las principales organizaciones estatales y civiles. Las fuerzas represivas del Estado, conducidas por el Ejército y avaladas por una parte de la dirigencia política, económica, eclesial y gremial, implantaron un plan sistemático de aniquilamiento que se extendió a todo el país después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.