Expresa en un comunicado que adelantándose al pedido de interpelación presentado por un amplio abanico opositor para que el próximo martes 30 de abril se presenten en el recinto el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain y el Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, como responsables políticos de la brutal represión de la Policía Metropolitana, el Ejecutivo porteño resolvió llamar a una sesión especial el sábado para que diera explicaciones el responsable de la cartera de Seguridad.
En una exposición de 20 minutos, Guillermo Montenegro intentó justificar la empalizada y demolición de los Talleres Protegidos Nº 19 del Hospital Borda, con argumentos legales que faltan a la verdad.
Según el ex Juez-agrega-, el operativo policial fue ordenado para preservar la integridad de los concesionarios para la entrada de las topadoras. Ese operativo, argumentó Montenegro, había sido arbitrado conforme a la habilitación de una resolución judicial por la cual la jueza Andrea Danas “declaró abstracto el recurso de apelación”, que frenaba las obras.
La resolución mencionada, con fecha 8 de febrero de 2012, es un “informe y vista” bajo la carátula NADDEO MARIA ELENA Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES”, EXPTE: EXP 45258, que no autoriza nada de lo ocurrido.
Cabe destacar que el hecho violento se dio en las siguientes circunstancias:
1. El gobierno porteño desestimó la vigencia de una medida cautelar aún vigente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, con fecha 28 de diciembre de 2012, para que no se realizaran obras en el Centro Cívico.
2. El ministerio de Salud nunca informó a las autoridades del Hospital sobre su ingreso al predio, hecho que ocurrió a las 5 AM, con topadoras custodiadas por la Policía Metropolitana.
3. Ningún funcionario porteño mostró cuáles son los instrumentos legales que los habilitaron para demoler los Talleres Protegidos. Tampoco explicó si el accionar policial del viernes 26 persiguió un fin legítimo como es el “derecho a la salud”, o la realización de proyectos urbanos en instituciones pública asociadas al Programa de Salud Mental.
4. El gobierno porteño desconoció un recurso de “habeas corpus” (para evitar arrestos y detenciones arbitrarias) presentado por la Defensoría General de la Nación, ante el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 47, en donde se pidió el retiro inmediato de la Policía Metropolitana.
5. La policía avanzó por la fuerza a más de 100 metros del Taller Protegido Nº 19, en zona de contacto con pacientes ambulatorios e internos del neuropsiquiátrico, dado que allí hay un patio común.
6. El SAME llevó sus ambulancias por la calle Pedriel, lugar desde donde sólo tenían acceso para asistir las fuerzas de choque de la Policía Metropolitana. Los trabajadores, pacientes y legisladores fueron asistidos en la guardia del Hospital Borda. Por esa circunstancia, se pudo constatar una vez más el estado de abandono de las instalaciones.
7. Es falso que los talleres estuvieran sin uso. El edificio había sido cerrado a mediados de 2012 para el proyecto del Centro Cívico y ese dispositivo de resocialización volvió a estar bajo control de Hospital por orden de la Justicia, en enero de 2013.
8. Qué la política instrumentada por Guillermo Montenegro siempre persiguió una conducta represiva. A la escandalosa designación de Jorge “Fino” Palacios y sus espías, le siguió como jefe de la Metropolitana Eugenio Burzaco, ideólogo del plan integral de seguridad que en 2007 terminó con el asesinato en Neuquén del maestro Carlos Fuentealba, en tanto, su sucesor Horacio Alberto Jiménez recibió cobijo por el macrismo luego de ser expulsado por la ministra Nilda Garré de la Policía Federal.
Por la memoria de la triste historia de violencia y represión que sufrió nuestra Argentina reciente, porque a 30 años de recuperar la institucionalidad democrática no aceptamos ni convalidamos prácticas que remiten al Terrorismo de Estado, solicitamos la renuncia del Guillermo Montenegro y que con él que asuman su responsabilidad política y se pongan a disposición de la Justicia el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, la vicejefe María Eugenia Vidal, el Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain, la ministra de Salud Graciela Reybaud, el Procurador Julio Conte Grand y toda la cadena de mando de la Policía Metropolitana-finaliza el Comunicado