El consejo federal de justicia se reunió en Mendoza

El COFEJUS se creó en 2008 con la misión de concertar y coordinar las acciones de cooperación entre la Nación, las provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes a fijar políticas comunes en materia judicial y penitenciaria.
El consejo tiene por objetivo proponer políticas que contemplen las problemáticas y particularidades regionales, desarrollar anteproyectos de reforma con criterios uniformes para las distintas jurisdicciones, propender al establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos ágiles, impulsar la innovación y el adelanto tecnológico, reglamentar estándares para la comunicación y el intercambio de información judicial, y efectuar el seguimiento y evaluación de los resultados de las políticas y acciones propuestas.
“Celebramos este momento de reflexión; los resultados son más tangibles con este esquema de trabajo. La agenda de este consejo cruza transversalmente los temas que le importan a la sociedad: política criminal y penitenciaria, readaptación social, deporte en cárceles, participación de las víctimas en el proceso penal, alcances de la nueva ley procesal de familia, necesidades procesales que surgen de la implementación del nuevo Código Civil. La agenda es muy generosa, tenemos mucho para hacer”, señaló Otamendi en sus palabras de apertura.
Durante el Plenario cada área expuso los resultados concretos de las mesas de trabajo y gestión que se reunieron durante el día. Patricio Henderson, secretario ejecutivo de Consejo Federal Penitenciario (COFEPE), resaltó la reactivación del consejo en el marco de una coyuntura de enorme complejidad del sistema penitenciario argentino. “La mayoría de las jurisdicciones padecen una situación estructural de sobrepoblación, que no ha tenido su correlato en un plan de obras de infraestructura que acompañe esa tendencia”, analizó Henderson.
En cuanto a la deuda histórica por manutención de presos federales alojados en cárceles provinciales, Henderson informó que se encuentra encaminado un proceso de compensaciones por más de 60 millones de pesos a 7 provincias, cifra que se suma a los más de 170 millones de pesos que se transfirieron desde el inicio de la gestión.
Con relación a la federalización de mecanismos de penas alternativas, informó que desde el plenario del COFEJUS que se realizó en julio pasado en San Juan, se suscribieron convenios con seis provincias para entregar dispositivos electrónicos, lo que arroja un total de 17 provincias adheridas y más de 2150 dispositivos entregados, mejorando las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. También destacó la capacitación a más de 1000 agentes penitenciarios provinciales en materia de gestión penitenciaria y programas de trabajo en cárceles.
Por su parte, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, habló de la campaña sobre abuso sexual infantil que lleva adelante el Ministerio de Justicia nacional en colaboración con UNICEF y ofreció fortalecer las capacitaciones en las provincias acerca de esta problemática que afecta a 1 de cada 5 personas en nuestro país, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Luego la Subsecretaria, expuso sobre la Ley Modelo del Sistema Unificado de Violencia Intrafamiliar y Sexual, señalando que “es preciso contar con modelos de atención integral y lograr otro diseño del sistema judicial argentino”. Finalmente, destacó que los Centros de Acceso Justicia (CAJ) ya cubren todo el territorio nacional brindando atención legal primaria para ayudar a las personas más vulnerables a resolver necesidades jurídicas insatisfechas.
A su turno, la titular del Programa de Coordinación de Derecho Privado, Agustina Díaz Cordero, señaló que en la mesa de trabajo previa se presentó la Estrategia Nacional para la Reforma de Justicia Civil que el ministro Germán Garavano materializó mediante una resolución publicada en el boletín oficial el 1° de noviembre. Esta reforma incluye el nuevo Código Procesal Civil y Comercial cuyas bases ya están aprobadas.
“También hicimos hincapié en la nueva ley procesal de familia que requiere una atención especial y un enfoque primario. La Constitución nos exige cumplir con los tratados internacionales en la materia incorporados en 1994, tenemos leyes especiales como la del niño y adolescente, la 26.061, la de violencia familiar, la de violencia de género y las incumplimos todas. Lo que queremos con la ley procesal de familia es que sean operativas las normas de los tratados y del nuevo Código Civil. Necesitamos tutelar los derechos de los niños con urgencia”, enfatizó Díaz Cordero.
Finalmente, el coordinador del Programa de Apoyo a las Justicias Provinciales, Nicolás Raigovodsky, hizo un balance del primer año del programa, que tiene por objetivo brindar apoyo técnico financiero a proyectos de reforma, modernización e innovación a las justicias provinciales. Sostuvo que están trabajando con 15 provincias y tienen 39 proyectos en carpeta. “Por primera vez la Nación se acerca a las provincias ofreciendo apoyo financiero, es una iniciativa positiva e innovadora del ministro Garavano”, señaló el funcionario.
Por último, se aprobó el Acta Federal de Compromiso para la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, mediante la cual las provincias firmantes se comprometen a fortalecer y profundizar las medidas necesarias para la efectiva prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.