Adajus: El programa que trabaja por una justicia inclusiva

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de todos a participar en la vida en sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Este tratado internacional que registra y asegura los derechos de las personas con discapacidad, tiene en nuestro país jerarquía constitucional.
El derecho a la vida independiente, a la educación en igualdad con todos, al empleo libre, a la capacidad jurídica, a la no discriminación y a la salud, son algunos de los derechos que reconoce la Convención, tras años de no ser cumplidos.
Por otro lado, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU asumió el compromiso de «no dejar a nadie atrás», partiendo del concepto de que las personas con discapacidad, como beneficiarios y como agentes de cambio, pueden acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover sociedades más justas e inclusivas.
Si bien se han logrado avances indiscutibles en la inclusión plena de las personas con discapacidad, aún existe una serie de barreras que les impiden ejercer sus derechos plenamente. Uno de ellos, es el derecho al acceso a justicia.
La historia de Estela
Estela no veía a su hija desde hacía unos meses.
La niña estuvo alojada en un hogar de tránsito después de una medida de abrigo dispuesta por la Justicia. La decisión se dio en medio de una denuncia de violencia intrafamiliar, que no solo apartó a Estela de su hija, sino que la hizo atravesar por una serie de audiencias planteadas en un lenguaje incomprensible para ella y muchos de los que atraviesan situaciones similares.
Para las autoridades la causa era complicada: no coincidían las declaraciones de ninguna de las partes involucradas y el valioso tiempo de vinculación entre una madre y su hija de meses corría, mientras ellas seguían separadas. A esto se sumaba que Estela cuenta con una discapacidad intelectual y auditiva.
Estela fue sometida a interrogatorios, preguntas reiterativas sobre sus vínculos, tanto con su hija, como con su ex pareja. A pesar de su discapacidad, en ninguna de las audiencias intervino un intérprete oficial que le indicara a las autoridades cuáles eran las explicaciones de Estela en relación a la causa, y que a su vez adecuara el proceso para que ella comprendiera el camino de la causa y dónde estaba su hija.
Justo antes de su resolución, el caso de Estela ingresó al Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se encarga de velar porque se cumplan los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito judicial.
Las barreras judiciales
“Las principales barreras que se le presentan a la persona con discapacidad para una justicia plena, es la falta de comprensión por parte de los hacedores de justicia y de los operadores judiciales. A pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está vigente, sigue pasando que alguna o ninguna de las partes del proceso no se adecuan al tipo de discapacidad para su correcta comprensión”, explica Mabel Remón, titular de ADAJUS.
El equipo del Programa tuvo conocimiento del caso de Estela, cuando el juzgado solicitó su participación para la determinación de la capacidad jurídica, esto es la verificación de que una persona puede adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma.
A través de esta intervención se la asesoró durante el proceso judicial y se articuló un procedimiento con los servicios locales para capacitarla a nivel laboral y educativo. Asimismo, se realizaron los peritajes necesarios para determinar su capacidad jurídica.
Gracias a esta intervención, hoy en día Estela se encuentra conviviendo con su hija.
“La discapacidad no puede ser un agravante de la pena”
Para la ONU, está demostrado que una vez eliminados los obstáculos a la integración e inclusión de las personas con discapacidad, estas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades. Por ello es necesario eliminar las barreras sociales.
Según datos del último censo, en la Argentina hay más de 5.110.000 personas que tienen dificultades o limitaciones permanentes. “Incluirlas es tarea de todos”, explica la directora de ADAJUS.
Mabel Remón tiene a su cargo el grupo interdisciplinario creado con el objetivo de lograr el efectivo acceso a la Justicia de las personas con discapacidad que afrontan un conflicto con la Ley. Lo define con contundencia: “la discapacidad no puede ser un agravante de la pena”. Tampoco del resto del proceso, es decir, el juicio y el encierro, si lo hay. ADAJUS procura que esas etapas sean adecuadas a los requerimientos del acusado para que las transite con equidad.
El equipo de trabajo está integrado por profesionales en derecho, psicología, trabajo social e interpretación en lengua de señas, e interviene en diferentes situaciones como auxiliar de la Justicia.
Entre las principales funciones del Programa están el brindar asesoramiento y asistencia técnica a las personas con discapacidad, sus familiares y/o amigos; intervenir en causas judiciales donde exista una barrera comunicacional; y capacitar al personal del Poder Judicial, colegios profesionales y funcionarios de la administración pública, así como del sector privado.
Removiendo obstáculos para el acceso a la justicia de mujeres sordas e hipoacúsicas
Dentro de las acciones del Ministerio, a partir de este viernes y hasta el 4 de diciembre se lleva a cabo un taller de trabajo para analizar acciones de acceso a la justicia de mujeres sordas e hipoacúsicas. La capacitación se da en el marco de una iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y está desarrollada con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y las organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante el Programa “Sordas Sin Violencia”.
La actividad propone un modo de abordaje innovador a fin de promover y proteger los derechos de las mujeres, con el objetivo de encontrar soluciones para que las políticas públicas de acceso a justicia puedan incluir a todas las personas, contemplando sus intereses y necesidades.