El Senado analiza castigar la filtración de escuchas judiciales

La primera de las normas a tratar es la del Código Procesal Penal -una de las iniciativas que generó mayor controversia-, en la que se establece el ensamble de nueve leyes aprobadas por el Congreso, que impactan directamente en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aprobado en 2014 y que aún no ha sido implementado.

Algunas de esas leyes son la Ley de Flagrancia, Ley del Arrepentido, Ley de Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y Ley de Ejecución de la Pena, entre otras.

Los cuestionamientos a la medida partieron recientemente de parte de organizaciones civiles que alertaron que el proyecto “amplía las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal”. Asimismo incluye un título nuevo al Código Procesal, referido al Régimen Penal Juvenil, en el que se establece que las normas del proceso de adultos se aplicarán de manera supletoria al de jóvenes, siempre que armonicen con la normativa y estándares internacionales.

Por tal motivo se espera que se realicen modificaciones durante el tratamiento en el recinto.

La otra iniciativa es el proyecto de ley que establece el régimen de subrogancias para la Justicia Nacional y Federal, que viene en revisión de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada en la Cámara alta en 2017.

El proyecto plantea que, frente a una vacante en un tribunal, la Cámara Federal o Nacional de la jurisdicción que corresponda, deberá cubrir el cargo con un juez subrogante elegido por sorteo público. En el caso de que la vacante se produzca en juzgados de primera instancia y tribunales orales, se privilegiará la elección de un juez de igual grado y competencia, siempre y cuando los juzgados de los que resulten titulares no registren atrasos significativos.

De no ser posible cubrir transitoriamente la vacante con magistrados de igual grado y competencia, se habilita designar a un conjuez que figure en una lista de conjueces previamente seleccionada por el Consejo de la Magistratura y aprobada por el Senado.

Este proyecto toma mayor relevancia en el contexto actual de filtraciones de escuchas judiciales en los medios masivos de comunicación, a lo que el Senado busca dar una solución. Precisamente se dará en el recinto con la presencia de una de las damnificadas de la difusión pública de esas escuchas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa responsabiliza tanto a los funcionarios judiciales como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y deja a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.

Por otra parte se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende.

Las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para realizar las intervenciones deben atenerse a su vez a una serie de obligaciones.