Legisladores preocupados por la suspensión del plan Conectar Igualdad

Luego de que el Gobierno publicara en el Boletín Oficial el decreto 386/18 mediante el cual establece el fin de la distribución de equipamiento tecnológico desde el Programa Conectar Igualdad, los legisladores porteños de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto de declaración en la Legislatura a fin de que la Casa exprese su preocupación ante esa medida.

El proyecto lleva la firma del presidente del bloque, Carlos Tomada; la vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik; y las diputadas Paula Penacca y Andrea Conde.

En los fundamentos de la medida, recordaron que “en el año 2015 el Programa Conectar Igualdad universalizó la entrega de netbooks a nivel nacional; la brecha digital cero, permitió el avance sobre una estrategia pedagógica destinada a apuntalar y a fortalecer los procesos pedagógicos de inclusión de TIC desde una perspectiva entramada y apoyada fuertemente en las prácticas inmersivas, su reflexión e institucionalización”.

“A diciembre de 2015, el equipamiento distribuido constaba de 5.317.247 netbooks y 7174 aulas digitales móviles en las escuelas de todo el país. A su vez, 11.227 escuelas contaban con el Plan Nacional de Inclusión Digital (PNIDE); 7869 supervisores y directores participaban activamente de la estrategia y 18.386 docentes recibían acompañamiento situado en sus prácticas pedagógicas”, precisaron.

Asimismo, advirtieron que “el decreto 386 no especifica reemplazo alguno, ni presenta un plan que dé cuenta de la orientación que la política educativa tomará respecto de la actualización y el fortalecimiento que las prácticas de enseñanza requieren en materia de inclusión digital y múltiples alfabetizaciones” y remarcaron que “la preocupación por este escenario se agudiza cuando en la misma letra del mencionado decreto se afirma que el papel del estado nacional constituirá en brindar las ayudas que las jurisdicciones requieran”.

“El compromiso con la innovación y la calidad requieren políticas claras, sostenidas en el tiempo y definidas en torno a las necesidades que las escuelas y los actores que las construyen a diario demandan. El concepto de ‘ayudas’ no sólo puede resultar insuficiente en materia de garantías de derechos, sino también discrecional en el tipo de acompañamiento que las provincias demanden”, sentenciaron.