Crean el Legajo Único de Estudiantes

 Mediante una ley aprobada hoy la Legislatura creó el Legajo Único de Estudiantes -LUE- que deberá implementarse en "todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada correspondientes a todos los niveles, modalidades y orientaciones dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El documento en formato digital contendrá toda información del estudiante que se considere relevante para su desarrollo educativo: su trayectoria académica tales como asignaturas cursadas, calificaciones obtenidas y asistencia; los datos correspondientes a la institución educativa en la que se encuentra o haya asistido, la información personal además de la correspondiente a su grupo familiar y los datos de contacto. Por el artículo 2° esta ley está sometida a los principios de integridad, inviolabilidad y seguridad que además son explicitados en un capítulo especial referido a la "protección, uso y gestión de los datos" en el marco normativo dado por la Ley Nacional N° 25.326 y de la CABA Ley N° 1.845.

El LUE "es un sistema informatizado de gestión y administración de datos de los estudiantes de las instituciones educativas, desarrollado y administrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (art. 3°) con el objetivo de "agilizar y modernizar la administración y gestión de datos académicos y personales de los estudiantes; y facilitar la producción y análisis de indicadores educativos sobre los estudiantes" (art. 4°).

La norma determina como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 10) que "debe realizar jornadas periódicas de capacitación y elaborar el material instructivo para el personal responsable de la carga y actualización de datos" (art. 11°) en el LUE y "establecerá un plan de implementación gradual" (art. 13°).

En los fundamentos, las Comisiones asesoras de Educación y Presupuesto coincidieron en que "permitirá agilizar la administración y gestión de datos, facilitando la elaboración de indicadores educativos y sobre el funcionamiento del sistema educativo en general. Contar con los datos del sistema educativo en tiempo real favorece la aplicación de políticas educativas".

Lo consideran "un instrumento eficiente que demanda menos tiempo e insumos que la carga de los datos forma manual, a la vez que facilita la elaboración de bases de datos" y "una herramienta para realizar el seguimiento individual y grupal de los alumnos, habilitando un acceso rápido y claro a la información, favoreciendo intervenciones pedagógicas más ágiles y mejor dirigidas". Afirman que "una adecuada administración de la gestión educativa se asegura con información confiable y actualizada en tiempo real acerca de los alumnos y alumnas".

Numerosas jurisdicciones se encuentran implementando el LUE en la administración de información del sistema educativo, entre ellas las Provincias de Salta, Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Neuquén, Formosa y Tucumán.

La iniciativa de los diputados Natalia Fidel, Gastón Blanchetiere, Maximiliano Ferraro y Diego García de García Vilas (VJ) tomó estado parlamentario en el año 2018. Y este jueves en el Recinto la votación en general y en particular resultó de 36 afirmativos, 13 negativos (UC, BP, AyL, FIT, IS) y 7 abstenciones (Ev, PS).

Centro Socio Educativo Integral

El Cuerpo Parlamentario aprobó en primera lectura la ley que propicia la incorporación del Centro Socio Educativo Integral al Código Urbanístico. La iniciativa surgió de la unificación de proyectos del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y de la diputada Patricia Vischi (Ev).

El Centro es un establecimiento institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes imputados, por la justicia porteña.

Este dispositivo se sustentará en el principio de especialización en materia penal juvenil -por encontrarse destinado a personas en una etapa crucial de su desarrollo- lo cual exige que la totalidad de los actores implicados en el abordaje institucional deben enmarcar su tarea bajo el eje de intervención socioeducativa que posibilite un proceso de integración comunitaria desde el efectivo ejercicio de ciudadanía, superando la concepción punitiva de la medida.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la autoridad administrativa de aplicación de la Ley nacional N° 26.061 -de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes- es el Consejo Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. "Es de imperiosa necesidad para el Consejo disponer de un establecimiento que atienda los más altos estándares internacionales de derechos humanos para adolescentes bajo medida socioeducativa de privación de la libertad", sostienen los fundamentos.

Los edificios de disposición actual, tales como: los Centros Socioeducativos "José de San Martín", "Manuel Belgrano", "Manuel Bocea" y Centro de Admisión y Derivación "Úrsula Llona Inchausti" fueron transferidos a la CABA por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Son edificios públicos que por su antigüedad, estructura y disposición edilicia no cuentan con las condiciones exigidas para brindar la atención de los adolescentes en el marco de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ello, el Gobierno porteño precisa un centro modelo que deje atrás el sistema de cuidado de adolescentes bajo el viejo paradigma de la situación irregular en materia penal juvenil.

El centro modelo facilitará una mejor gestión de los recursos y políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, superando así las condiciones actuales de prestación del servicio acorde a las necesidades de los y las adolescentes.

"Con el propósito de tornarlo materialmente posible, razones de necesidad y conveniencia aconsejaron proceder a la enajenación de tres inmuebles enunciados en el proyecto de ley: Pdte. J. D. Perón 2048, Curapaligüe 727 y Av. Segurola 1651. Con el valor resultante, se solventarían todos los gastos que ha de demandar la construcción y puesta en marcha del Centro Modelo, a instaurarse en el predio sito en Castañares y Bonorino del barrio de Flores, Comuna 7. Por lo que no implicaría un compromiso presupuestario extraordinario", concluye el texto.

La norma fue aprobada inicialmente con 40 votos positivos, 15 negativos de los bloques UC, BP, GEN, IS, FIT, AyL y PTS, y 2 abstenciones del Partido Socialista. Se convocará a Audiencia Pública como condición previa a la revisión en segunda lectura.