A un año de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, el diputado Enrique Vaquié (UCR- Mendoza) evaluó los cambios realizados en la empresa y el futuro posible de la misma.
Para Vaquié, desde 2002 en adelante, debido a diversas medidas administrativas del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias argentinas productoras de petróleo han sufrido una enorme sustracción de recursos
de parte del Estado Nacional al afectar la base de cálculo de sus regalías de hidrocarburos. “El Poder Ejecutivo se apropió de gran parte de la renta petrolera de las provincias y de las empresas ocasionando
que el sector petrolero ajustara con una brutal caída de la inversión en exploración. La consecuencia es la enorme baja de la producción que se observa desde 2007 tanto a nivel nacional como provincial (-15%)”. Además, según el análisis del exministro de Hacienda de Mendoza hubo una “absoluta connivencia del Gobierno -que aseguró a las empresas precios crecientes de los combustibles para garantizar mayores ingresos a las empresas (precio sin impuestos)- y al Estado nacional”. El precio promedio en dólares cobrado por las empresas por un litro de la nafta súper desde diciembre de 2007 a la fecha es para las empresas un 50 %
superior al promedio de toda la convertibilidad. “Es imposible desvincular esta política de precios con los crecientes problemas de competitividad de la economía argentina”.
Expresa en un comunicado que en el caso de Mendoza, la caída en la producción de 2012 respecto de 2003 (-27 %) o respecto de 2007 (-15 %) se tradujo en menos mano de obra de mendocinos, menos contratos de empresas locales y menos tributos percibidos por el estado mendocino. La falta de inversión en exploración no sólo causó estragos en la economía real con caída de la producción y la ocupación de factores sino que tiene efectos permanentes en las finanzas provinciales. Con los actuales precios del barril de petróleo y a los actuales porcentajes de liquidación de regalías, si Mendoza alcanzase los niveles de producción de 2007, el fisco provincial podría contar en 2013 con entre $ 750 y $ 830 millones adicionales dependiendo de si el precio de liquidación se mantiene o se acerca al valor internacional. El endeudamiento que el Gobierno presenta como un “logro de gestión” podría considerarse innecesario.
“La defensa de los recursos debe basarse en un convencimiento irrenunciable: decidir sobre nuestras rentas. Esto requiere de posturas firmes y señales inequívocas: no es posible avalar políticas energéticas inconsistentes ni la expansión del sector petrolero ni la solvencia fiscal nacional pueden financiarse a expensas de los ciudadanos mendocinos. En ese sentido, estamos dispuestos a acompañar al Gobierno.
Esperamos las señales”, concluyó.