Proyectos de Ley para “habitar mejor nuestra ciudad”

Luego habrá una charla de la que participarán el Dr. Pedro Pírez (CONICET/UBA) y el Arquitecto Javier Fernández Castro (FADU/UBA), en la que se debatirá acerca de los proyectos y las normativas e instrumentos para la efectivización del Derecho a la Ciudad. 

 “En 1960, los porteños éramos 3 millones. Hoy también. En 2002, había un 20% de inquilinos, hoy hay un 33%. Entonces, ¿para quién se construye en la Ciudad de Buenos Aires? La mitad de las obras son para viviendas de lujo y especulación inmobiliaria. Mientras, la casa propia se convirtió en un sueño imposible para la mayoría y los alquileres aumentan cada vez más”, explica Gentili y agrega: “Hay que lograr el acceso a créditos hipotecarios 

acordes a los ingresos de la mayoría de la población. Actualmente, sólo 6 operaciones de cada 100 son con crédito hipotecario”. Las propuestas se levantan como respuesta estratégica frente a la exclusión 

social y a la segregación espacial y recoger este paradigma para oponerse a la ciudad de los negocios y reivindicar la ciudad de las personas y la participación popular como modo de construir la vida colectiva. En este 

marco, el Dr Hernán Petrelli presentará el proyecto Solidaridad Urbana (Expte. 1111-2013) cuyo objetivo es la creación de un sistema de compensaciones que genere recursos físicos y económicos para financiar la 

política de tierra y vivienda de la CABA, con el fin de garantizar una mayor equidad socio-territorial, y combatir la tendencia creciente en el mercado inmobiliario de promover la segregación socioeconómica. Para ello, 

crea un sistema de compensaciones para que las construcciones de complejos habitacionales lujosos y suntuosos destinen un porcentaje de sus viviendas, tierra o su equivalente en dinero al Gobierno de la Ciudad para impulsar 

políticas públicas de vivienda. 

Por su parte, la Lic. Jimena Navatta expondrá el Proyecto de Ley de Promoción de alquileres residenciales (Expte. 1619-2013) que propone la intervención en el mercado de arrendamientos urbanos. Al tiempo que busca 

otorgar beneficios a los propietarios que se adhieran a este régimen a través de excenciones impositivas, procura también evitar que los inquilinos sean sujetos vulnerados en sus derechos, que no deban destinar 

cantidades insostenibles de su ingreso familiar al alquiler de su vivienda y que puedan tener horizontes de seguridad sin ser propietarios. Para ello se crea la Oficina Pública de Alquileres, que procederá a generar contratos 

de locaciones urbanas tipificados, donde consten cláusulas justas y razonables en la relación entre locadores y locatarios. Los contratos de arrendamientos que se suscriban con los locatarios, conforme lo establecido 

en la presente Ley, tendrán un plazo mínimo de duración de 3 años. Los precios anuales de alquileres enmarcados en esta ley, no podrán superar el 4 % anual del Valor Inmueble de Referencia (VIR). Al mismo tiempo, esta ley 

busca promover la utilización de las viviendas ociosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la finalidad de promover la utilización de los mismas para ampliar el parque habitacional destinado al alquiler 

residencial, para ello, prevé la aplicación de una Contribución Tributaria por Vivienda Ociosa y la incorporación como viviendas en alquiler a aquellos inmueble del dominio privado del Estado, no afectados a programas 

específicos y que se encuentren en condiciones de habitabilidad o sean asibles de ser puestos en valor y dotados de funcionalidad residencial.