La Declaración aprobada Sobre Tablas sin discursos fue impulsada por el PRO y votada negativamente por el Frente para la Victoria y la abstención de otros diputados opositores.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó este jueves "su más enérgico repudio ante la remoción del Monumento a Cristóbal Colón emplazado en la plaza homónima que ha sido dispuesta por la Presidencia de la Nación vulnerando atribuciones de esta Ciudad consagrados en los artículos 81 inc. 7 y 89 inc. 3 de la Constitución local e incumpliendo resoluciones judiciales que lo impedían".
Los autores del proyecto de declaración, Cristian Ritondo y Lía Rueda (PRO) en los fundamentos señalaron que "el día Sábado 29 de Julio del corriente, la Presidencia de la Nacion, de forma unilateral, ha ordenado la remoción del Monumento a Cristóbal Colón, que se encuentra emplazado en la plaza homónima desde el 15 de junio de 1921, desconociendo la medida cautelar dictada por la Jueza Dra. María Alejandra Biotti del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12, Secretaría Nº 23".
"Esta Legislatura, asímismo aprobó la Declaración 82/2013 en donde se solicita al Poder Ejecutivo que realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional para impedir el traslado del monumento a Cristóbal Colón", recordaron agregando que "semanas siguientes, este mismo cuerpo Legislativo aprobó por 41 votos la primera lectura del Proyecto de Ley 968-D-2013 que disponía la declaración de este Monumento como bien integrante del Patrimonio Histórico de la Ciudad en el marco de la Ley 1227". "Sin perjuicio de este plexo normativo, el Gobierno Nacional priorizó las vías de hecho, desoyendo todo tipo de pronunciamiento institucional, incumpliendo una orden judicial y desconociendo las atribuciones de esta Legislatura que redunda en una afectación a la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires", argumentaron los legisladores.
En su intervención, aunque el asunto se trató Sobre Tablas sin discursos, la Diputada Gabriela Alegre (FpV) aclaró que la Justicia autorizó la restauración del monumento y no queremos seguir discutiendo y usando este tema cuando son chicanas de campaña electoral". En la misma línea argumental se manifestó el Diputado Aníbal Ibarra (FPP). En tanto el Diputado Julio Raffo (PSur) denunció que se está violando el Convenio y explicó que si no fue ratificado no está vigente.
La votación en general resultó de 29 votos positivos (PRO, BpU, María América González (BApT) Julio Raffo (PSur); 9 negativos (FpV, FPP y Claudia Neira -BA 20/21), y otras tantas abstenciones (CC, NE, Fabio Basteiro -BApT, Adrián Camps, Rafael Gentili y Virginia González Gass (PSur).
El Orden del Día acordado en la víspera durante la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria incluía el Expediente 1103-D-13 y S/N-D-13, proyectos originados por el PRO proponiendo derogar la Ley Nº 2862, pero al inicio de la Sesión fueron excluidos del temario. La Ley Nº 2.862 sancionada por la Legislatura en el año 2008 aprobó el Convenio 56/07 firmado el 6 de diciembre del año anterior entre el entonces Jefe de Gobierno y la Secretaría de la Presidencia de la Nación con el fin de recomponer el espacio público en la Plaza Colón.
El Convenio
El Convenio 56/07 fue suscripto el 6 de diciembre de 2007 con el fin de recomponer el espacio público en la Plaza Colón entre la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, representada por el Secretario General, Dr. Oscar Isidro José Parrilli, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces Jefe de Gobierno, Jorge Telerman. Resultó aprobado por la Legislatura en la Sesión ordinaria del 9 de octubre de 2008 como Anexo de la Ley Nº 2.862 -Expte. Nº 63.618/08- promulgada de hecho el 11 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial Nº 3057 del 14 de ese mismo mes y año.
El acuerdo se celebró "en el marco del esfuerzo que, en forma compartida, vienen desarrollando el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad en la obra de restauración, remodelación y puesta en valor del conjunto arquitectónico conformado por la Casa de Gobierno y su entorno, en la que se ha producido la integración física de dicho predio con la Plaza Colón, instalando una reja perimetral que lo circunda y resguarda (...) en este contexto resulta imprescindible, adoptar medidas especiales para garantizar la seguridad presidencial -Decreto 648/PEN/2004".
La Secretaría manifestó "su necesidad de contar, con carácter exclusivo de vehículos oficiales del Gobierno Nacional, con una playa de estacionamiento subterránea, solicitando al Gobierno de la Ciudad que propicie, conforme la normativa vigente en la materia y por ante la Legislatura de la CABA, la pertinente autorización. Que ello es compartido por el Gobierno de la Ciudad y a tales fines se compromete a elevar un proyecto de ley para la construcción de quinientas (500) cocheras sin fines comerciales, destinadas al uso exclusivo oficiales del Gobierno Nacional, para la correspondiente consideración de la Legislatura". Además, la Secretaría asumía los costos y contemplaría una "contraprestación equitativa con los intereses de la Ciudad en dicha playa de estacionamiento".
Por el artículo primero, la Ciudad autorizó a Nación a disponer medidas de seguridad en los actos que organice en ese espacio con acceso o no de público previa comunicación del evento al GCABA con 48 hs de antelación y "en todo momento que no se realicen actos sin acceso de público a la Plaza Colón, ésta permanecerá de acceso libre en las mismas condiciones que los demás espacios verdes de la Ciudad", según el artículo 2º. A la inversa, el GCABA comunicará a la Secretaría los eventos que realice, también con 48 hs de antelación a fin de que la casa Militar adopte las medidas necesarias, acordado en el artículo 3º.
Las partes convienen que la Casa de Gobierno cuente con las cocheras y el gobierno porteño se comprometió a someter a la Legislatura el proyecto de ley necesario y luego, la Secretaría ejecutaría con la supervisión técnica y de obras del GCABA, se acordó en el artículo 5º.
Finalmente, según el artículo 6º, "en caso de que surgieren controversias en la implementación o interpretación, las partes tratarán de solucionarlas de mutuo acuerdo. Si pese a ello aún persisten, se someterán, a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".