“Con este fallo, todas las mujeres violadas o que su embarazo ponga en riesgo su vida y su salud, podrán pedir la interrupción en centros de salud pública y privada de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó la legisladora socialista Virginia González Gass (PSA).
“No se calculó el riesgo de realizar intervenciones en embarazos avanzados, cuando no tuvieran que suspenderse por la extensión de los plazos, o que se tratara de casos de violación intrafamiliar”, agregó González Gass.
Luego del fallo del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Gallardo, toda mujer que se encuentre en tal situación límite podrá esperar un máximo de 5 días para acceder al derecho de realizarse la intervención.
Esto deberá ocurrir con absoluta reserva sobre el paciente. De esta manera, ningún funcionario público, no podrán poner transgredir esa zona sensible a la intimidad.