María América González -A confesión de parte, relevo de prueba

Sobre el particular, la diputada porteña, Dra. María América González (Buenos Aires para Todos) señaló que "si se observa con detenimiento, la ANSES se pone por encima de toda razón de justicia, toda vez que, desde el discurso, el Organismo entiende que resuelve, cuando en realidad le corresponde liquidar y cumplir una orden judicial, procedente de un juez competente. Asimismo, nadie puede jactarse de ser el pagador de la mayor cantidad de demandas que a uno le hagan, máxime cuando se niega la resolución del problema de fondo. Vale decir, si se hubiera hecho caso a lo sugerido por la CSJN en el fallo BADARO, de extender los resultados de los allí resuelto a la totalidad de la población que estuviera en similares condiciones, este informe no tendría sentido alguno, toda vez que las sentencias a liquidar no serían el número que el mismo organismo menciona, logrando entonces que se hubiera corregido un problema social de larga data, de lo que sí un gobierno puede jactarse, no así cuando elige el camino de la judicialización".  

Expresa en un comunicado que en la Cámara Federal de la Seguridad Social, sólo 1.800 expedientes siguen su curso normal, otros 10.000 están retenidos en 1° instancia, esperando el sorteo de la sala que resolverá la cuestión, sin sustanciarse la elevación correspondiente para la resolución de los recursos interpuestos, tal como lo expresa el Juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Dr. Luis René Herrero, en una carta dirigida al presidente de la referida Cámara, Dr. Bernabé L. Chirinos.  

Por otra parte, la Dra. María América González denunció que en la mencionada Sala II hay otros casi 8.000 expedientes sin el debido tratamiento, ya que, en primer lugar, no se realizó la pertinente designación de personal suplementario, pero fundamentalmente por la actitud irresponsable  de la Dra. Nora Carmen Dorado, vocal de la Cámara Federal mencionada, quien se niega a firmar los expedientes rubricados por sus colegas Herrero y Fernández, a quienes recusó en su momento ante la Corte Suprema, convirtiéndose en la quinta esencia de la negación de justicia.   Sin embargo, el máximo tribunal rechazó la presentación de la Dra. Dorado en contra de sus colegas, pero durante dos años se privó de verdadera justicia a todos los jubilados del país. 

"Lo cierto es que la gravedad institucional que se evidencia en el Poder Judicial respecto de los juicios referidos, contiene a todas luces una 'privación de justicia', que vulnera a las claras las garantías constitucionales de la tutela efectiva y el debido proceso legal, requiriendo esta situación una inmediata e integral solución, que involucre todos los aspectos de la problemática referida, y de una iniciativa política para aplicar definitivamente lo resuelto en el caso 'BADARO' en forma general cuando correspondiere, evitando la judicialización de dicha problemática, así como también en el resto de las cuestiones previsionales pendientes de solución, mediante una suerte de mediación en la que las partes acuerden, evitando de este modo la litigiosidad de la cuestión", concluyó la diputada María América González.