El Ministerio de Defensa oficializó la prohibición de internación o asistencia ambulatoria de condenados o imputados con prisión preventiva en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, luego de la fuga de dos condenados por delitos de lesa humanidad.
El Ministerio de Defensa oficializó la prohibición de internación o asistencia ambulatoria de condenados o imputados con prisión preventiva en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas. La medida se toma luego de la fuga del Hospital Militar Cosme Argerich de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, dos condenados en la provincia de San Juan por delitos de lesa humanidad.
La medida, publicada en el Boletín oficial, fue adoptada mediante la Resolución 85/2013, firmada el viernes último por el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, un día después de que se conociera la fuga del hospital situado en el barrio porteño de Palermo.
"Prohíbese al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado Mayor General del Ejército, al jefe del Estado Mayor General de la Armada y al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar", ordena el artículo 1º.
Luego, indica que la prohibición "alcanza a la totalidad del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas".
Finalmente, señala que "todo requerimiento de carácter judicial de internación y/o asistencia médica" de las personas incluidas en la resolución "deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas y/o disciplinarias".
Ayer los ministerios de Justicia, Defensa y Salud acordaron conformar una comisión de médicos para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Además, se encuentra vigente la recompensa de 2.000.000 de pesos para quienes aporten datos que permitan recapturar a los ex militares recientemente condenados.