Gentili :“La Ciudad aún tiene severas carencias en materia de transparencia y gobierno abierto”

"Resulta paradójico hablar de transparencia cuando la práctica demuestra que el gobierno de la Ciudad incumple reiteradamente su obligación de brindar acceso a la información a los ciudadanos, violando así un derecho humano fundamental protegido por nuestra Constitución y reconocido expresamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", declaró Gentili y, en tal sentido, explicó que son numerosos los pedidos de acceso a información pública que directamente son ignorados o rechazados por el gobierno de la ciudad. Como ejemplo, hizo referencia a la cantidad de amparos judiciales que han sido presentados por organizaciones de la sociedad civil que han visto cercenado su derecho a obtener información del gobierno en materia de presupuesto, derechos sociales o publicidad oficial, entre otros. 

El legislador dijo que “resulta extraño que algunos legisladores y funcionarios macristas critiquen al gobierno nacional por la falta de acceso a información pública cuando ellos incurren en las mismas prácticas en la Ciudad de Buenos Aires” e indicó que garantizar el derecho al acceso a la información pública es responsabilidad de los tres poderes del Estado, por lo cual anunció que en las próximas semanas presentará  ante la Legislatura un proyecto de ley para impulsar una reforma integral de la Ley 104, que incorporará los estándares más modernos en materia de acceso a información y gobierno abierto, y garantizará los derechos de los ciudadanos. “Solo así se podrá realmente mejorar la transparencia y asegurar a los porteños un acceso efectivo a la información en manos del Estado”, agregó Gentili. 

Por su parte, Álvaro Herrero, integrante de Sumar I+D, expresó que "entre las reformas más urgentes, se destaca la necesidad de que la autoridad de aplicación de la Ley 104 sea independiente del gobierno y autónoma presupuestariamente, tal como recomienda -entre otros- la Ley Modelo de Acceso a Información Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Herrero, especialista en derechos civiles quien logró que en 2012 la Corte Suprema reconozca el derecho constitucional de acceso a la información pública, señaló que el órgano garante debe ser idóneo, independiente tanto del poder político como del gobierno de turno, y contar con amplias facultades para promover y garantizar el derecho al acceso a información pública. Vale recordar que la oficina actualmente a cargo de asegurar la aplicación de la Ley 104 es una dependencia de la Secretaría Legal y Técnica, sin ninguna garantía de independencia ni autonomía del gobierno de la Ciudad.  

Gentili concluyó señalando que la Ley 104 fue aprobada hace quince años y hoy ya es una norma obsoleta como consecuencia de la evolución jurídica, política y tecnológica. Si al atraso normativo le agregamos la omisión por parte del gobierno macrista de formular una verdadera política pública de acceso a información, que incluya la capacitación de los funcionarios, la coordinación entre los distintos ministerios, y la concientización de la población sobre sus derechos, el panorama está lejos de ser aceptable.