La justicia otorgó al Instituto tres días de plazo para que "acredite haber dado cumplimiento a la sentencia recaída en autos."
En 2011, el diputado Julio Raffo (Proyecto Sur), especialista en derecho cinematográfico, presentó un amparo judicial requiriendo al Poder Ejecutivo Nacional que:
"1.- Derogue el artículo 97 del Decreto Nº 1225/2010;
2.- Instruya al INCAA para que cumpla, de inmediato, el decreto 1225/2010
3.- Disponga la instrucción de un sumario para deslindar las responsabilidades por el dictado de un decreto manifiestamente ilegal;
4.- Ponga los hechos mencionados en conocimiento del Poder Judicial, a sus efectos."
Además, señalaba que "… el Decreto. Nº 1225/10 tiene un contenido manifiestamente ilegal, toda vez que el mismo contradice la letra expresa de la Ley Nº 17.741…" que destina esos fondos a la producción de películas nacionales y no a "contenidos televisivos".
Respecto del incumplimiento del INCAA, dijo que el Decreto 1225/10, reglamentario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, establece que "… A los fines de facilitar la adquisición de los derechos de antena, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales —INCAA— creará un registro de películas nacionales y telefilmes en condiciones de ser adquiridos… " Hizo notar que, a la fecha, el INCAA no ha creado ese registro, con lo cual da pie al incumplimiento de la "cuota de pantalla" del Cine Nacional en la televisión.
El presidente del Bloque Proyecto Sur señaló que si la Presidenta no corrige ese desvío de fondos incurrirá en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el INCAA en "malversación de fondos públicos".