Sesión - Autorizan los expedientes electrónicos en el sector público

La utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas digitales, comunicaciones electrónicas, notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el sector público de la C.A.B.A. fue permitida mediante una ley que sancionó este jueves la Legislatura Porteña. 

La iniciativa presentada por el Diputado Daniel Presti (PRO) que tuvo dictamen favorable de la comisión de Justicia y se aprobó sobre un texto consensuado, tiene como objetivo agilizar las tareas de la administración pública con el claro beneficio que ello implica para la ciudadanía a través de la optimización de los procedimientos. Además se procura también reforzar la tendencia de  “despapelización” en el ámbito de la administración pública, fundada en el ahorro de costos y el consecuente cuidado del medio ambiente.

La ley establece que la utilización de expedientes electrónicos, y demás documentos electrónicos permitidos por la norma, tienen para el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.

El Poder Ejecutivo, en su carácter de licenciante, deberá implementar la infraestructura de firma digital del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe ser utilizada por la totalidad de las dependencias alcanzadas por esta Ley, conforme se establece en el artículo 2º, coordinando con los Poderes Legislativo y Judicial su operatividad y puesta en  funcionamiento. Entre los considerandos del proyecto, que obtuvo despacho a favor de la Comisión de Justicia se destaca que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Ley 2.751 adhirió a la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital.

Otra norma, cuyo expediente es de autoría del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que también obtuvo despacho favorable de la Comisión de Justicia, fue sancionada con el fin de incorporar a la Ley de Procedimientos Administrativos, la regulación de la utilización de expediente electrónico con el objeto de adecuar sus previsiones al Plan de Modernización de la Administración Pública. En este caso la normativa define que es deber del Estado prever el derecho de los ciudadanos a emplear medios electrónicos o no emplearlos, por lo que en un mismo expediente o conjunto de relaciones en que concurran diversos interesados puede haber quienes quieran relacionarse con medios electrónicos y quienes no lo deseen. Ello obligará a reconocer el derecho de ambos y permitir la concurrencia de los dos modos de acceso.

Ambas leyes fueron aprobadas con 55 votos positivos y la única abstención del Diputado Alejandro Bodart (MST).