Sesión -Modifican la ley de Compras y Contrataciones

Una norma aprobada por la Legislatura Porteña modifica el régimen de Compras y Contrataciones contenido en la Ley Nº 2095 que regula las compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto iniciado por el Jefe de Gobierno, ing. Mauricio Macri. Se incorporó el "principio de la vía electrónica" para los procedimientos de contratación y sólo en forma excepcional procedería su ejecución por otra vía.

La iniciativa tiene el objetivo de sostener "el objeto de lograr una mayor agilidad en los procedimientos de contratación y se propicia posibilitar la diversificación de los procedimientos administrativos, a fin de canalizar eficientemente la heterogeneidad de objetos y fines comprendidos en las gestiones de los organismos implicados en la contratación pública", según se subrayó en los fundamentos del despacho de mayoría tratado en el Recinto.  

Se aumenta el monto autorizado a los organismos de Gobierno para realizar una Compra Menor por Contratación Directa. El tope pasó de ser $ 165 mil a $ 550 mil al ser elevada de 30.000 a 100.000 la cantidad de unidades de compras permitida. El texto del artículo 38 de la ley de Compras también fue cambiado al quitar el límite que impedía emplear este procedimiento en un número mayor a dos mensuales, ni superar las doce en el año por cada Unidad Operativa de Adquisiciones.

La normativa tiene aplicación tanto en el Poder Ejecutivo como en el Judicial y en el Legislativo y rige para los contratos de compraventa, de suministro, de servicios, las permutas, locaciones, alquileres con opción a compra, concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del gobierno en general, con algunas excepciones. De esta enumeración la ley aprobada quitó la categoría "Permisos".

En tanto, quedan excluidos de las prescripciones los siguientes contratos: Los de empleo público; Las locaciones de servicios u obra a personas físicas; Las compras regidas por el régimen de caja chica; Los que celebre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional y con instituciones multilaterales de crédito; Las que se financien con recursos provenientes de los estados y/o de las entidades a que se hace mención en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 70 confiere a los Organismos de Control; Los comprendidos en operaciones de crédito público; Los de obra pública, concesión de obra pública y concesión de servicios públicos; Los  permisos de uso de inmuebles de dominio público y privado del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad (agregado en la modificación votada este jueves).

Además ya no quedan excluidos para la aplicación de la ley los contratos interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad y organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con las sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria cualquiera de los organismos ya mencionados. Además se incorporaron a la ley "criterios que tiendan al respeto del medio ambiente y la equidad social", según subraya el Jefe de Gobierno en los considerandos del expediente.

El dictamen de minoría en la Comisión de Presupuesto firmado por el Diputado Edgardo Form (NE) solicitaba la vuelta a comisión del expediente y en el Recinto el legislador afirmó: "surge a todas luces que la propuesta de dictamen de mayoría no se ajusta a derecho en repetidas oportunidades, por lo que de avanzarse con esta reforma se generarían diversos reclamos judiciales de inconstitucionalidad de esta norma fundamental para el funcionamiento del sector público de la Ciudad de Buenos Aires". El proyecto de ley finalmente recibió 30 votos positivos de los bloques PRO, Bases para la Unión y Confianza Pública y la Diputada María América González de Proyecto Sur, 18 en contra de los bloques Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria, Frente Progresista y Popular, Proyecto Sur - que votó dividido- y del Diputado Alejandro Bodart (MST), además de 3 abstenciones de UCR y Proyecto Sur.