Darían más competencias a la Agencia Gubernamental de Control

También en materia de protección ambiental y la normativa vinculada al ejercicio del poder de policía sobre establecimientos públicos y privados que el Poder Ejecutivo disponga.

La Comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales firmó este lunes el despacho favorable a la ampliación de competencias para la Agencia Gubernamental de Control -AGC, solicitada por el Poder Ejecutivo; en tanto la oposición planteará su disidencia.

El proyecto pretende transferir funciones a la AGC que en la actualidad no se incluyen a sus competencias pero que se refieren a funciones de fiscalización y control de la actividad laboral y de protección del ambiente. El cuerpo inspectivo de trabajo pasaría a desarrollar su actividad en la órbita de la AGC con las facultades de fiscalización y control del cumplimiento de las normas relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo establecidas en el Título II, cap. 1 de la Ley Nº 265. En igual sentido se propone con la fiscalización y control ambiental de la Ciudad, incluidas las leyes ambientales específicas. 

El propósito manifestado por el Jefe de Gobierno es centralizar en la AGC todas las instancias de fiscalización de la actividad comercial elevando grados de certeza, claridad, unificación de criterios y eficiencia en la gestión administrativa, dado que le permitiría efectuar fiscalizaciones integrales sobre determinada parcela y sobre todas las materias con la potestad de llevar a cabo el procedimiento en la instrucción de sumarios administrativos por faltas disciplinarias de su propio personal, sancionar y disponer cesantías previo dictamen de la Procuración General en los términos del art. 11 de la Ley Nº 1218.

En 90 días el Ejecutivo procedería a la reglamentación que incluirá a las actuales Direcciones generales de Protección del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico, y de Control de la Agencia de Protección Ambiental con la correspondiente reasignación presupuestaria.  

El proyecto de ley enviado por el Jefe de Gobierno mediante el Mensaje 79/2013 del 1 de octubre último, propicia la modificación de la Ley Nº 2.624 sancionada el 13 de diciembre de 2007 y publicada en el BOCABA Nº 2.843 del 4 de enero de 2008, que creó el organismo AGC como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo del Dr. Guillermo Montenegro.

En el Mensaje a la Legislatura Mauricio Macri argumenta que en esa norma "se puede inferir la voluntad del legislador de unificar en un solo ente autárquico las competencias asignadas al Sr. Jefe de Gobierno relacionadas con el ejercicio del poder de policía sobre la actividad comercial e industrial en establecimientos públicos y/o privados que se desarrolla en el éjido de la Ciudad". Tras casi 6 años de experiencia, afirma "resulta conveniente ampliar las competencias incorporando funciones inspectivas que en la actualidad recaen sobre otras dependencias del Gobierno" a los fines de la centralización en línea con las previsiones del Código Iberoamericano de Buen Gobierno suscripto por nuestro país en julio de 2006. Además, el proyecto recoge antecedentes normativos de la provincia de Buenos Aires -Ley Nº 11.459 y decreto Reglamentario Nº 1741/96- que implican una innovación.

En la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales que preside el Diputado Helio Rebot (PRO) se firmó un dictamen de mayoría y la oposición adelantó que planteará su disidencia.