NiUna(Ley)Menos

La conmovedora movilización de más de 150 mil personas frente al Congreso de la Nación y de otras decenas de miles en las provincias en el marco de la convocatoria #NiUnaMenos, no hizo más que poner de manifiesto el trabajo de décadas en el país para visibilizar y combatir la problemática de la violencia de género hacia las mujeres en todas sus modalidades.

Si bien aún queda mucho camino por recorrer, el Congreso de la Nación aprobó importantes leyes que significaron un avance, en primer lugar, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y luego, en la lucha contra la violencia de género. Tal es así que, tras la recuperación de las instituciones democráticas, estos temas se incorporación en la agenda pública. Aunque aún falta que muchas se implementen en su integridad.

Albores de la democracia
Ya en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, los diputados y senadores modificaron a través de la Ley Nº 23.264 el Régimen de Patria Potestad —artículo 264 del Código Civil— para reconocer el papel que la mujer desempeña en la sociedad y la familia. Desde la sanción, la madre comparte con el padre el “conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos desde la concepción de estos y en tanto sean menores de edad”. Tal es así que esta norma fijó que, por ejemplo, para autorizar la emancipación de un menor deben prestar su acuerdo ambos progenitores, al igual que para habilitarlo a salir del país.

También durante el gobierno radical vio la luz otra gran reforma en materia de género: la incorporación al Código Civil del divorcio vincular–Ley Nº 23.515–, entendido como la ruptura del vínculo matrimonial y de la institución familia. Se trató de un debate que llevó más de 10 meses y que atravesó a la sociedad en su conjunto.

La década del ’90 se inauguró con la sanción de la Ley Nº 24.012 de Cupo Femenino –aprobada el 6 de noviembre de 1991–, que vino a garantizar un piso mínimo del 30% de participación femenina en las listas electorales y convirtió a la Argentina en el primer país de América latina en aplicar un sistema de cuotas para garantizar la participación de las mujeres en el Congreso. Así, el país se convirtió en los últimos años en el que tiene mayor representación femenina en la región y uno de los pocos del mundo donde la máxima autoridad ejecutiva es ejercida por una mujer. Como consecuencia, los delitos contra la integridad sexual comenzaron a tener un abordaje con perspectiva de género.

Ahora bien, fue recién en 1994 cuando el Congreso sancionó la primera norma de Protección contra la violencia familiar. Con sus virtudes y defectos, logró visibilizar el conflicto. La Ley Nº 24.417, que se debatió durante 6 años y tuvo idas y vueltas entre las dos cámaras legislativas, fijó la competencia de los juzgados de familia para dirimir las cuestiones y las medidas necesarias que permitieran poner un límite al círculo de violencia. En tanto, ese mismo año fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue ratificada por Argentina a través de la Ley Nº 24.632 dos años después.

Última década
En la era K se sancionaron un importante paquete de leyes que apuntan a combatir el flagelo de la violencia de género. En 2006 se aprobó el protocolo facultativo del primer instrumento internacional de derechos humanos en ocuparse de los derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Ley Nº 26.171). Estableció que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y definió a la violencia de género como aquella dirigida contra las mujeres por el solo hecho de serlo.

En 2008, la sanción de la Ley Nº 26.364 tipificó el delito de trata de personas. Cuatro años más tarde, el Congreso discutió modificaciones a la norma ya vigente y a través de la Ley Nº 26.842 incorporó dos grandes avances: no acepta el “consentimiento” de la víctima mayor de 18 años y exige que en todos los casos las penas sean de cumplimiento efectivo. Además, creó el Consejo Federal contra la Trata de Personas. Hasta abril de este año, el Estado Nacional rescató 8.325 personas. El 51% de ellas fueron víctimas de explotación sexual, según las estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En tanto, también se sancionó en 2009 la ley que se llevó la mayor parte de las críticas durante la marcha #NiUnaMenos dado que, a seis años de su aprobación, todavía el Ejecutivo no la reglamentó por completo. Es la Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Se trata, según los especialistas, de una ley modelo que aborda los distintos tipos de violencia ejercidas contra las mujeres, entre las que se incluyen la doméstica, institucional, de libertad reproductiva y obstétrica, mediática y laboral. Sin embargo, de sus 45 artículos, apenas ocho están reglamentados y once, sólo de manera parcial, de manera que aún no existe un registro único y centralizado de femicidios con información de todo el país, ni suficientes hogares refugio para contener a las víctimas que deben dejar sus casas. Tampoco existe un plan nacional contra la violencia.

Complementaria de esa ley fundamental para la lucha contra la violencia de género es la que incorpora la figura del femicidio en el régimen punitivo vigente. A raíz de la visibilidad que cobraron esos delitos en nuestro país, en diciembre del 2012, mediante la Ley Nº 26.791, se reformó el art. 80 del Código Penal incorporándolo como un tipo agravado de homicidio cometido por un hombre en perjuicio de una mujer o persona trans, mediando violencia de género.

Si bien nuestro legislativo en estos más de 30 años de democracia se hizo eco de la necesidad de regular en pos de la igualdad de género y castigar con nuevas herramientas la violencia contra las mujeres, aún seguimos sufriendo múltiples formas de discriminación y violencia por el sólo hecho de ser mujeres y la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres sigue siendo un objetivo a alcanzar. Así las cosas, para que su labor sea efectiva, el Congreso necesita que el Ejecutivo complete el trabajo realizado y vuelva realidad el escudo legal con los fondos requeridos para que funcione. Serán luego los jueces quienes tendrán que garantizar su aplicabilidad y hacer Justicia. Aunque nada de esto bastará sin una toma de conciencia plena por parte de la sociedad, una deuda pendiente.

Por Lorena Zapata