Las actividades agrícola industriales se declaran en estado de extinción

Las economías regionales están en una situación crítica y llevará muchos años recuperarlas. La inflación no reconocida; la pérdida de competitividad; los costos logísticos y de transporte; la falta de mano de obra; los vaivenes en el mercado interno; la falta de políticas para incentivar la actividad, más la situación tributaria y fiscal llevan a dichas economías -de persistir en este camino- a un punto de no retorno. El deterioro macroeconómico está generando serias dificultades en la ecuación económica de productores y la pequeña y mediana industria. Las tensiones entre precios, costos, salarios y tipo de cambio son insostenibles, ante una divergencia entre costos e ingresos que es cada vez más notable. Estos aspectos están llevando al límite a gran parte de las economías regionales.

Las actividades de base agropecuaria poseen para Mendoza una importancia fundamental. El agro y la agroindustria representan el 70% de las exportaciones provinciales (USD 1.200 millones), el 20% de la población total ocupada en la Provincia (130.000 personas) y el 50% de la población ocupada en zonas rurales. En el sector agropecuario existen 18.000 agricultores y en el sector agroindustrial existen alrededor de 1.600 empresas que generan el 25% del empleo privado registrado.

Entre 2007 y 2013 la inflación fue más del doble que la devaluación de la moneda nacional respecto al dólar (170% versus 82%, respectivamente), lo que produjo un retraso del tipo de cambio real significativo, sumándose a esto la errática y caprichosa política comercial (control de importaciones), las que aún no se corrigen. Más allá de las recientes devaluaciones aplicadas, sin un plan por el Gobierno Nacional, los volúmenes exportados por la agroindustria local mantendrán su tendencia negativa.

La política cambiaria combinada con la aceleración en los precios causó graves efectos en materia productiva, ya que gestó un sistemático aumento en los costos de producción -en dólares- que fue la génesis de la pérdida de rentabilidad para los sectores de base agropecuaria en la provincia. Además, los precios internacionales y los precios pagados al productor no acompañan a la presión ascendente en los costos de producción, aspecto que comprometió la rentabilidad empresarial. Hoy los sectores agroindustriales, se consideran en estado de extinción y el sector vitivinícola -con un 19% de cosecha menos que en el 2013, pérdida de mercados de exportación y caída de consumo interno- enfrenta una encrucijada por su supervivencia.

En el 2012 advertimos (en un documento suscripto por la mayoría de las entidades agroindustriales de la provincia en el marco de unas jornadas en la Legislatura provincial) esta problemática El Gobierno no escuchó, no elaboró salidas adecuadas y hoy, desorientados, no atacan las causas de los principales problemas sino sus consecuencias, dando un panorama aún más incierto que entorpece el desenvolvimiento de los agentes económicos: empresas, emprendedores, asalariados.

Frente a la incertidumbre los legisladores nacionales firmantes insistimos con propuestas para revertir la situación:

POLíTICAS NACIONALES:

El Estado debe asumir el problema, no mentir y quebrar las expectativas cambiarias e inflacionarias. El principal antídoto contra el atraso cambiario es bajar la inflación. Para ello se debe actuar sobre:

* Institucionalidad y credibilidad de la estadística pública, reconstruir el Indec y recomponer sus cuadros técnicos, para tener un índice de precios oficial que sea creíble y ordene las expectativas de los actores económicos.

* Estipular metas de inflación, las que deberán articularse con las distintas agencias del Poder Ejecutivo que inciden en la formación de precios, de modo de alinear sus políticas.

* Mejorar la Institucionalidad del Banco Central y de la Política Monetaria, siguiendo el principio republicano de división de poderes, separando las responsabilidades entre quien ejecuta el gasto público (el Ejecutivo) y el que emite el dinero (el Banco Central).

* Recuperar la solvencia fiscal. Recuperar el superávit primario, de modo de ir liberando al BCRA de la necesidad de financiar al Tesoro Nacional.

* Concertación de precios. Una vez realizado lo anterior, tiene sentido convocar al diálogo tripartito Sindicatos – Empresarios – Gobierno a fin de moderar las expectativas inflacionarias.

POLíTICA IMPOSITIVA

* Facultar al Poder Ejecutivo para que a través de la AFIP, reduzca a cero las retenciones a las exportaciones; además, incrementar diez por ciento los reintegros a las exportaciones del sector. Por otro lado, facultarlo para que a través del BNA, se adopten medidas especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores, debiendo establecer líneas de crédito especiales.

*  Prorrogar los Convenios de corresponsabilidad gremial empresaria por el periodo 2014-2015, alentando la contratación en blanco de los trabajadores, permitiendo mayor trabajo registrado y el acceso de los trabajadores a la seguridad social y otorgando beneficios a quien contrata.

* Destinar la suma de 300 millones de pesos para poner en marcha un programa de estabilización de precios, que priorice mejorar la competitividad del sector, a través de compensar fletes a las exportaciones.

* Crear un régimen tributario especial para las Micro, Pequeñas y Medianas  empresas, que tienda a fomentar la incorporación de capital y la generación de empleo formal en este estrato de empresas.

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PÚBLICA – PRIVADA.

* Generar un Fondo Nacional de Apoyo a las Economías Regionales que ayude a financiar las  políticas estratégicas diseñadas y ejecutadas dentro de un marco de interacción público – privado, teniendo como principal objetivo el crecimiento de la producción y el empleo.

* Reconvertir y unificar las instituciones nacionales de fomento a la competitividad con el objeto de tender a la unificación, simplificación, y creación de una ventanilla única para el acceso y difusión de los programas de fomento a la competitividad.