El secretario de Justicia, Julián Álvarez, consideró que “el Consejo de la Magistratura sufre una parálisis que impide cubrir vacantes en un tercio del poder judicial” y en tal sentido aseguró que su llegada a ese organismo en representación del Poder Ejecutivo, junto al diputado nacional por el oficialismo, Eduardo De Pedro, servirá para “generar consensos y contribuir al funcionamiento de la Justicia”.
Álvarez y de Pedro juraron este mediodía como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Hernán Ordiales y Stella Maris Córdoba.
Luego de la ceremonia desarrollada en la sede del organismo judicial, Álvarez sostuvo que “el Consejo trabaja por mayoría y necesita el apoyo de los dos tercios de sus trece integrantes para poder avanzar en decisiones importantes, por lo cual vamos a profundizar las coincidencias y hablar con todos los espacios políticos para destrabar un organismo paralizado”.
En el acto estuvieron, entre otros, todos los integrantes del Consejo, incluidos los salientes; el ministro de Justicia, Julio Alak; la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; los diputados nacionales Héctor Recalde y Carlos Kunkel y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti le tomó juramento a Álvarez, en tanto que la jueza Elena Highton de Nolasco hizo lo propio con de Pedro.
“El Consejo de la Magistratura viene de una larga parálisis que impide llevar adelante 260 concursos para designar vacantes, lo que representa un tercio del poder judicial”, insistió el funcionario.
El secretario de Justicia, y a partir de también representante del Ejecutivo en el organismo que designa y remueve jueces, también anunció la intención de “dictar un nuevo reglamento para el funcionamiento del cuerpo”, y en ese orden afirmó que “todas las reformas estructurales del Poder Judicial que impulsamos tienen por objeto generar una nueva legislación acorde a los tiempos que corren”.
Álvarez reiteró que la parálisis del Consejo “hace que un juez tenga a su cargo dos o tres juzgados y no tenga la capacidad de resolver los conflictos, algo que va en contra de un servicio de justicia ágil, transparente, y capaz de ofrecer respuestas a los problemas de la gente”.