En el Microcine del Palacio de Hacienda, Kicillof y Costa resaltaron que se observó una “mejora sistemática en el cumplimiento” del programa Precios Cuidados, puesto en marcha el 6 de enero a través de un acuerdo voluntario con productores y comerciantes. Calificaron de "muy exitoso" el "involucramiento que existió por parte de la sociedad civil" y comunicaron un ránking de incumplimiento de las cadenas de supermercados, con multas por más de $ 3,5 millones.
"Se ha instalado que el Gobierno tiene la función de subir los precios, pero en realidad debe controlar los precios para cuidar el bolsillo de la gente", expresó el ministro de Economía y subrayó que el Estado "tiene el papel de ir ampliando el acuerdo para que llegue a la mayor cantidad de gente y de realizar el seguimiento y control de su cumplimiento”.
Afirmó que “el programa se desarrolla con normalidad, crece y mejora”, y añadió que “al Estado le corresponde sancionar cualquier tipo de incumplimiento, porque el primer damnificado es el consumidor”.
En ese sentido, Costa presentó las primeras actas de infracción labradas, que fueron aplicadas a Día: $ 610.000, Walmart: $ 604.000, Coto: $ 240.000, Carrefour: $ 1.316.000, Vea: $ 419.000, y a Chango Más: $ 323.000, por incumplir el acuerdo de precios que alcanza a 194 productos de la canasta básica.
El secretario explicó que se registraron un total de 141 multas, pero hasta el momento solo ocho han completado el proceso correspondiente.
Indicó que las empresas tienen una instancia de apelación ante la Justicia, donde pueden presentar un recurso que tiene un efecto suspensivo sobre la multa. Entonces defendió el proyecto de ley presentado ayer por el senador Aníbal Fernández que anula el efecto suspensivo de la multa, y en caso de que la Justicia disponga que no correponde, se proceda a la devolución de lo abonado.
El funcionario señaló que el objetivo del Gobierno es “brindar una canasta de referencia a los consumidores y que las empresas puedan llevar sus productos a los mercados sin perder competitividad”.
Remarcó, entonces, que el Programa “ya está completamente instalado en la sociedad como una política que empodera a los consumidores y le da instrumentos para restringir prácticas que atentan contra su bolsillo”.
Precisó que la Secretaría de Comercio implementó un sistema de alerta temprana para que supermercados y consumidores puedan comunicar permanentemente algún problema con el abastecimiento de productos, y se incorporaron terminales en municipios donde se informa online cualquier incumplimiento.
Además resaltó que diariamente se atienden entre 1.500 y 2.000 llamados a la línea gratuita y se abrieron canales de comunicación en la página web, a través de sms y mediante aplicativos en los teléfonos celulares y redes sociales.