Laura Montero en Gral Alvear- Tema Atuel

Ante más de doscientas personas reunidas en la sede del Concejo Deliberante de General Alvear, la senadora Laura Montero sostuvo que la defensa de la provincia de Mendoza -ante la demanda interpuesta por La Pampa este año-
debe sujetarse a dos herramientas fundamentales: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1987 y el dictamen de Fiscalía de Estado de 2013.

Laura Montero explicó los antecedentes en un pormenorizado detalle  "Mendoza -en menos de 60 días- debe explicarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porqué no cumplió un convenio que firmó el ex gobernador, Celso Jaque, con La Pampa. La respuesta lógica que debe brindar la Provincia en su defensa, en primer lugar, es que el convenio no existe porque de acuerdo a la Constitución Provincial tiene que cumplir con dos procedimientos: pasar por la Legislatura Provincial y dar vista al Congreso de la Nación y esto no se hizo. Segundo, la Fiscalía de Estado, el año pasado, emitió un dictamen de mucho valor jurídico porque reafirma la no vigencia de este acuerdo. Argumentan esto tomando como referencia los antecedentes de cinco defensas previas de otros organismos públicos, entre ellos el Departamento General de Irrigación. Entonces, el Gobierno tiene dos valiosos pilares en los cuales asentar la defensa de los intereses de los mendocinos ante el máximo tribunal: por un lado, este dictamen de Fiscalía de Estado y por el otro, el fallo de la propia Corte de 1987 que sostiene que hasta que no se rieguen las 75.671 hectáreas de nuestro territorio no se puede pasar más caudal a la vecina provincia. Esto es cosa juzgada".

La Senadora agregó "Ahora, el Gobierno de Francisco Pérez quiere defender la provincia basándose en un convenio que no existe; olvidando el fallo de 1987 y desconociendo a la Fiscalía de Estado; mencionando obras que ya estaban hechas- previas a su gestión y al convenio mismo-  o que se iban a hacer y no se hicieron y encima, sin tener en cuenta que el agua no alcanza para regar, ni siquiera, el 40 por ciento de las propiedades. La verdad que esta "no-defensa" tiene mucho que ver con la falta de valor de reconocer que la gestión del ex gobernador Jaque -del cuál Francisco Pérez formó parte- cometió un error político gravísimo al firmar un convenio lesivo para los intereses de la provincia".

"El río fue declarado interprovincial en ese fallo de 1987 y por esta razón, hay que sentarse a hablar con La Pampa para darle solución a este conflicto, pero siempre con estas dos herramientas en la mano (fallo de 1987 y dictamen de Fiscalía de Estado) y además, teniendo en cuenta la posición de los regantes a quienes se los ignora en forma permanente. Le doy un ejemplo, se armó un Consejo Interprovincial para tratar el tema del agua en Mendoza y por lo visto, ellos no tienen representación alguna"¸ indicó Montero.

Finalmente, la senadora por el radicalismo destacó que "Estamos muy preocupados por la no-defensa del Gobierno de Mendoza. En este sentido, anoche los regantes concluyeron en organizarse para presentarse en el juicio planteado este año por La Pampa para brindar los argumentos jurídicos sólidos que el gobierno, al parecer, no quiere tener en cuenta".