Documento de investigación del CELS- A tres años de la Masacre de La Carcova

Franco Almirón, de 16 años; Mauricio Ramos, de 17, y Joaquín Romero, de 19 se dirigían en sus bicicletas a buscar cartones a los basurales de la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) y se detuvieron a mirar lo que ocurría. Joaquín quiso acercarse hacia donde estaban los vagones descarrilados, y recibió un disparo de escopeta. Minutos después Mauricio y Franco, quienes se habían resguardado tras un montículo de chatarras, fueron forzados a correr por el disparo policial de una pistola lanza gases, en una práctica de combate. Apenas se expusieron, fueron asesinados con balas de plomo. Entre la chatarra, quedaron estampadas las perforaciones de los disparos.

Juzgar y condenar a los autores materiales de estos crímenes es el primer paso. Pero las responsabilidades penales de los policías que tomaron las decisiones operativas y dieron las órdenes que culminaron en estos hechos violentos no pueden quedar impunes. Desde el CELS solicitamos en diversas oportunidades que se profundice la investigación y se avance en las responsabilidades funcionales de quienes diseñaron e implementaron el operativo que desembocó en las muertes y en los intentos posteriores de encubrimiento. Sin embargo, hasta el momento la justicia limitó la acusación a los dos policías responsables de los disparos, mientras que permanecen impunes los jefes policiales que tomaron las decisiones. Estos comisarios continúan hoy en funciones en la Policía Bonaerense.

La Carcova y los barrios aledaños (Villa Hidaldgo, Independencia, Costa Esperanza, barrio 8 de Mayo, Libertador) son territorios donde la población vive en condiciones de precariedad extrema. La presencia del predio del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metripolitana Sociedad del Estado) organiza las rutinas de cientos de sus habitantes.  En ese espacio relegado de la mirada de la sociedad cada día, entre las 17 y las 18, se abren las puertas del basural para que los “quemeros”  ingresen a la carrera a buscar entre las montañas de basura desechos con valor de reventa. Ese momento se llama “la largada” porque más de un millar de personas se lanza a toda velocidad para llegar antes a la basura más valiosa. En estas corridas participan incluso niños y ancianos y muchas veces se producen accidentes por tropiezos, bicicletas o carros que llevan por delante a otros. La seguridad del predio está a cargo de las comisarías de la zona que prestan servicios adicionales –principalmente la 4ª de José León Suárez y la 5ª de Billighurst– y de la seguridad privada de la CEAMSE, aunque la relación con los “quemeros” la lleva el personal policial. Ninguna persona o representante del municipio participó de estos acuerdos, a los que llegaron tras muchos conflictos entre los habitantes de la zona y las autoridades de la CEAMSE. Tampoco hay ninguna autoridad que supervise lo que ocurre allí.

El ataque policial

El 3 de febrero de 2011, alrededor de las 14.30, un tren carguero de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que transportaba treinta y dos vagones con alimentos y autopartes

descarriló como consecuencia de desperfectos en los rieles frente al barrio popular La Carcova, en la localidad bonaerense de José León Suárez. Inmediatamente, el personal de la empresa informó por radio a la Base Retiro y solicitó seguridad policial. Un delegado de TBA se comunicó con la comisaría 4ª de José León Suárez para informar que una muchedumbre del barrio se estaba llevando mercadería de los vagones descarrilados, razón por la que tres móviles se dirigieron al lugar. Algunas personas se habían acercado para intentar abrir los contenedores. Al rato fueron sumándose más vecinos. Los policías de la comisaría 4ª llegaron media hora después del descarrilamiento y requirieron la presencia de divisiones de refuerzo.

Por este pedido, llegaron al barrio más agentes policiales, que comenzaron a disparar balas de goma, que fueron respondidas con piedras y otros objetos . La Jefatura Distrital de San Martín, que tiene la función de coordinar las fuerzas para este tipo de operativos, ordenó la concurrencia de más refuerzos al lugar. Llegaron rápidamente efectivos policiales de las comisarías 2ª, 8ª y 9ª de San Martín, y de la Policía Bonaerense 2 (PB2). La represión continuó con balas de goma y gases lacrimógenos, hasta que comenzaron a disparar municiones de plomo.

Tanto los policías imputados como los que declararon como testigos, sostuvieron que habían disparado desde posiciones de resguardo detrás del tren descarrilado. Sin embargo, otros testimonios y los primeros resultados de los peritajes a cargo de Gendarmería Nacional y de los peritos de parte, permitieron establecer que un grupo de efectivos sobrepasó varias veces esa línea, dispararon desde unos treinta metros con escopetas y armas de puño con proyectiles de plomo. Se concentraron, precisamente, en el montículo de chatarra en el que se resguardaban Franco y Mauricio. Diferentes elementos indican que el disparo de gases para obligar a salir a los chicos que se protegían detrás de las chapas fue un ataque que no pudo haberse producido sin la coordinación de los jefes policiales presentes en el lugar: el comisario Víctor Hualde, máximo responsable de la comisaría de José León Suárez, durante el operativo se dirigió a esa dependencia a buscar la pistola lanza gases, uno de los policías declaró que los disparos con gases se efectuaron por orden de Hualde y otros testigos afirmaron que “se produjo un quiebre” a partir del disparo de gases y entonces los policías comenzaron a utilizar balas de plomo.

Franco murió antes de llegar al hospital Belgrano y Mauricio horas después. Joaquín Romero, de 19 años, fue gravemente herido en el operativo, también con munición de plomo, en el tórax y el abdomen y pudo salvar su vida tras ser operado.

Las autoridades políticas convalidan la versión policial

Desde un primer momento, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos

Aires estableció la versión de que el descarrilamiento había sido provocado por los habitantes de La Carcova con el objetivo de saquear el tren y que se produjo un ataque por parte de los vecinos del barrio hacia los efectivos policiales. El titular de esa cartera, Ricardo Casal, afirmó: "La banda es muy conocida en el barrio, los que tenían las armas eran ellos, y fueron los que lideraron este robo, descarrilando intencionalmente un tren" , y agregó: “Esto no fue un saqueo: fue un asalto con armas de fuego. Hay una banda que está identificada y la estamos investigando. La banda descarriló el tren y arengó a la gente para que esto ocurriera” . Casal también detalló que “los policías y hasta el maquinista del tren fueron atacados no sólo a pedradas sino también a tiros” . Esta versión falsa fue replicada en los medios de comunicación y por la empresa ferroviaria en un comunicado de la empresa Nuevo Central Argentino en el que se sostuvo que “un grupo de personas arrojó al paso de un tren [...] troncos de árboles con el fin de producir su descarrilamiento para posteriormente saquear la mercadería transportada […] los últimos 90 días se produjeron dos hechos similares con la misma finalidad” .

Rápidamente comenzaron a circular demandas de prevención frente a esta supuestamente repetida “modalidad delictiva”: “Según describió el jefe comunal de San Martín, Ricardo Ivoskus, ‘los patrulleros fueron recibidos a balazos´ cuando se presentaron en el lugar para intervenir y diluir los incidentes producidos cerca de la Villa La Carcova. Los delincuentes volcaron una formación, asaltaron a los pasajeros, y se enfrentaron con la policía”.

Esta versión de los hechos fue desvirtuada por la investigación judicial : lo ocurrido en José León Suárez fue una represión violenta policial sobre un grupo de personas que intentaba sacar productos de un tren parado y sobre otros vecinos del barrio que se habían acercado a mirar. Como se mencionó, la actividad que sostiene a gran parte de los vecinos de la zona es la venta de residuos encontrados entre las parvas de basura del predio del CEAMSE, a donde justamente se dirigían Mauricio, Franco y Joaquín. Habitantes del barrio, incluso niños, buscan lo que se pueda consumir o vender entre los desechos del resto de la sociedad. Además, en el lugar del descarrilamiento, funcionaba un desarmadero de autos al amparo de la policía local y el tren llevaba justamente autopartes, lo cual ayuda a entender que los vecinos se acercaran a ver qué podían rescatar y vender. Además, al investigar el procedimiento policial montado, se hicieron evidentes otras irregularidades. Uno de los policías que serán juzgados, el oficial subinspector Gustavo Ezequiel Vega de la comisaría 2ª de San Martín, fue el primero en reconocer que había utilizado postas de plomo para reprimir, casi inmediatamente después de los hechos, producto de un supuesto error  que resultó en las graves heridas infringidas a Joaquín Romero . Meses más tarde, Vega declaró haber sido presionado por altos jefes de la Policía Bonaerense la noche de los hechos para presentar su primera declaración y autoincriminarse, planteó una nueva hipótesis  y explicó cómo se organizó el operativo por parte de las autoridades policiales presentes en el lugar.

A través de varios testimonios se pudo determinar quién provocó las muertes de Ramos y Almirón. El juez de la causa dispuso la detención de Gustavo Sebastián Rey, integrante de la Policía Buenos Aires 2, mientras que los fiscales solicitaron que se le dictara la prisión preventiva como presunto autor de las muertes de Franco Almirón y Mauricio Ramos.

Los dichos de Vega sobre el armado y el modo en que se materializó el operativo son contundentes y ponen en evidencia la necesidad de profundizar la investigación hacia los altos mandos de la policía local. El CELS solicitó que se investigue a los responsables del operativo, así como las maniobras para encubrir los hechos. A partir de ese pedido, el fiscal Sendot ordenó la producción de diversas medidas de prueba orientadas a determinar las responsabilidades penales  e investigar otros posibles delitos en una causa desprendida de la principal. Sin embargo, hasta el momento no se ha avanzado hacia las responsabilidades penales de funcionarios jerárquicos a cargo y las decisiones operativas que culminaron en estos hechos violentos no pueden quedar impunes, ya que operativos como el que costó la vida a Franco y Mauricio y dejó con heridas graves a Joaquín no constituyen hechos excepcionales. Por el contrario, forman parte del repertorio de prácticas rutinarias a través de las cuales la Policía Bonaerense produce y gestiona la violencia en los barrios pobres del Conurbano  y de toda la provincia.

Violencia de la Policía Bonaerense en los barrios pobres

Las relaciones hostiles entre la policía local y los pobladores de los barrios pobres como Carcova son históricas y se manifiestan cotidianamente, en primer lugar, a través de la falta de respuesta cuando se requiere su presencia. Pero también implican un repertorio de prácticas abusivas que no se agotan en el manejo violento de las concentraciones públicas, como ocurrió en Carcova y como ocurre reiteradamente en estadios de fútbol o en sus alrededores. El control territorial se implementa a través diferentes formas de hostigamiento. Entre las prácticas más frecuentes están el control de circulación, los cacheos, las amenazas, las prácticas de fichaje y la detención por averiguación de identidad .

Los abusos se repiten además en los grandes operativos y en allanamientos que se llevan a cabo con niveles de violencia que no serían tolerados en otros barrios. Las poblaciones pobres son también las principales víctimas de las detenciones irregulares no registradas y del armado de causas a través del plantado de pruebas falsas. En algunos casos, las detenciones son modalidades de extorsión efectuadas a los mismos detenidos y/o a sus familias, sobre todo cuando los jóvenes han pasado por institutos de menores o ya poseen antecedentes penales, lo que los vuelve más vulnerables frente a las agencias del sistema penal. En otras ocasiones, a los chicos detenidos se los presiona para que comiencen a realizar actividades delictivas para la policía, como el robo de motos o automotores. Estas prácticas constituyen una forma coactiva de ejercer la gestión de la seguridad a nivel local en espacios socialmente conflictivos. Pero, además, en numerosas ocasiones representan el soporte necesario para ejercer la regulación de, al menos, parte de las actividades delictivas del barrio.

Antes de la masacre de Carcova, en las zonas pobres linderas al CEAMSE ya habían sucedido hechos dramáticos que involucraron a la policía, como la muerte de Diego Duarte en 2004. Diego era un chico de 15 años que quedó enterrado bajo los residuos que descargó una topadora, en medio de una persecución policial. Existen también numerosas denuncias de violencias cotidianas. Muchas de ellas tienen que ver con favores recibidos por los guardias para dejar pasar personas antes del horario de “la largada”. Lo que los policías reciben a cambio varía desde parte del botín rescatado hasta contactos sexuales con chicas del barrio. Son muy frecuentes los golpes, las amenazas y el uso de la violencia para dirimir todas las diferencias que surgen en el reparto de residuos en este espacio de relegamiento.

La profundización del autogobierno policial favorece la violencia institucional y la desestabilización política

Estas prácticas son toleradas e incentivadas por un modelo de seguridad que desde 2008 insiste en la mayor presencia policial como herramienta excluyente para el abordaje de las problemáticas de la violencia y el delito, al tiempo que delega en la propia policía la definición de los lineamientos de las políticas de seguridad.

Este modelo de autogobierno policial se ha profundizado en los últimos meses a partir del nombramiento de Alejandro Granados como ministro de seguridad provincial. A poco de asumir, Granados anunció la necesidad de aumentar a 100 mil la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense, actualmente en torno de los 55 mil. Su primeras medidas consistieron en confirmar y promover a nuevo jefe de la Bonaerense a Hugo Matzkin,  uno de los altos mandos policiales cuya separación y exoneración fue solicitada por la Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Crimen de Candela Sol Rodríguez, con base en la desastrosa conducción operativa de la fuerza durante el secuestro y luego del asesinato de la menor en agosto de 2011. Las políticas de nombramientos y de ascensos del Ministro se inscribieron en una profundización de lo actuado en los últimos años por la Policía Bonaerense, mientras que nada se avanzó en el diseño de políticas de seguridad diferentes de la ampliación de los recursos y de la autonomía de una fuerza policial provincial que, bajo estas condiciones, sigue concentrando gravísimas violaciones a los derechos humanos. Los acuartelamientos de diciembre de 2013, por su parte, mostraron que la falta de conducción política de la fuerza tiene como consecuencia no sólo la persistencia de las prácticas de violencia institucional, sino también la amenaza siempre latente de la desestabilización política.