Crearon una diplomatura en salud penitenciaria

El convenio firmado este mediodía en la sede de la cartera de Justicia forma parte del Plan Estratégico de Salud Integral para el Servicio Penitenciario Federal 2012-2015, y tiene como prioridad formar y capacitar académicamente a sus agentes de salud, con el fin de garantizar la plena vigencia de todos los derechos que asisten a las personas privadas de libertad.
En ese sentido el ministro Julio Alak dijo que con el acuerdo “garantizamos una mejor atención de los internos porque la inclusión no se declama, se practica; y es eso lo que este gobierno hace desde 2003 en todas las áreas de gestión”.
“Con orgullo  podemos decir que más de 70% de los internos federales estudia y trabaja, consolida el vínculo familiar y se aleja de la reincidencia cuando recupera su libertad”, agregó el titular de la cartera de Justicia.
Señaló que “es un paso más en la profundización de una política pública que cambia definitivamente el paradigma penitenciario, en el convencimiento de que la pena privativa de la libertad debe contribuir a la construcción de una sociedad más pacífica, a partir de la reinserción social de las personas que entraron en conflicto con la ley”.
Alak también destacó que el proyecto “cumple y respeta el texto de la Constitución de 1853, cuando manda que las cárceles deben ser sanas y limpias”. Además apuntó como antecedente del acuerdo se cuenta el desarrollo del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), que permitió el cierre de las unidades 20 y 27 de los hospitales Borda y Moyano.
Por su parte, el ministro de Salud, Juan Manzur, consideró que “los diez años de círculo virtuoso que registramos en materia de salud nos permitió reducir a pisos históricos la mortalidad infantil y materna, y aumentar de modo considerable la expectativa de vida de los argentinos”.
Según el funcionario, con el acuerdo firmado “cumplimos el deber ineludible del Estado de bregar por la salud de su gente, en especial de la población vulnerable; y lo hacemos de la mejor forma, que es sumando esfuerzos y articulando los recursos”.
El rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, destacó la importancia que representa para el personal sanitario del SPF “volver a las fuentes y retomar la capacitación”; y en ese orden se comprometió a “brindar todo el apoyo posible a una gestión de gobierno preocupada por un tema tan sensible como la salud”.
El desarrollo de la diplomatura será financiado por el Ministerio de Salud y codirigido por las tres instituciones intervinientes. El Ministerio de Justicia hará las gestiones necesarias para incorporar al personal de salud del SPF y procurará un vínculo en el mismo sentido con los servicios penitenciarios provinciales, mientras que la UNLaM dispondrá el espacio físico para el desarrollo de las clases y el personal docente, diseñará el plan de estudios brindará el aval académico.
A la firma del convenio asistieron también, entre otros, el viceministro de Salud, Eduardo Bustos Villar; y por el Ministerio de Justicia el secretario de Asuntos Registrales, Oscar Martini; los subsecretarios de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Picardi; de Derechos Humanos, Luis Além; de Planificación Estratégica, Ana Casal; el titular del SPF, Emiliano Blanco; y el coordinador del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), Pablo Kohan.